Efe – El expresidente del Gobierno José María Aznar: «No es aceptable que quienes declaran abiertamente la voluntad de destruir la nación e insisten en promover procesos de secesión utilicen como plataforma de sus pretensiones las mismas instituciones cuya legitimidad niegan porque forman parte de un sistema político que se proponen romper». Toledo (España), jueves 30 de marzo de 2017. Fotografía: El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, pronuncia una conferencia invitado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, hoy, jueves 30 de marzo de 2017, en Toledo. Efe.
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho hoy que «lo peor de la democracia es no aplicarla» y «desafortunadamente», ha agregado, «asistimos a la exhibición de conductas que quiebran el Estado de derecho y la democracia», ante las que las instituciones «deben reaccionar».
De este modo se ha referido el también presidente de FAES a la cuestión secesionista catalana, durante una conferencia pronunciada en Toledo, invitado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha.
A juicio de Aznar, «no es aceptable que quienes declaran abiertamente la voluntad de destruir la nación e insisten en promover procesos de secesión utilicen como plataforma de sus pretensiones las mismas instituciones cuya legitimidad niegan porque forman parte de un sistema político que se proponen romper».
Una política como ésta, «que promueve la secesión, debe ser contrarrestada», según Aznar, con otra a favor de los principios constitucionales, de la ley y del Estado de derecho.
Y, en este punto, ha resaltado que las instituciones «deben reaccionar» ante políticas rupturistas contrarias a la ley y a la propia democracia y «más aún -ha recalcado- deben adelantarse a esas políticas de ruptura, no sólo para restaurar la ejemplaridad, la transparencia y el valor normativo de la Constitución y de las leyes, sino también para hacer posible el crecimiento y el empleo».
En este contexto ha indicado también que actualmente en España «experimentamos estados de opinión en los que atenerse a la sencilla lógica democrática constituye para algunos casi una provocación».
Y ha agregado que «defender la democracia no es una provocación, sino una elemental obligación de ciudadanía», una obligación, ha insistido, «que cada uno debe ejercer a su manera, en sus circunstancias».
Así, ha abogado por «superar una crisis institucional en la que el debate público difícilmente encuentra condiciones para desarrollarse de manera fructífera» y que «más de uno se propone convertir en una rampa deslizante hacia situaciones de desorden social en las que todo valga», ha concluido.
