Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas se dio hoy seis semanas para decidir si es competente para juzgar el proceso por la demanda del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros huidos contra el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena. Bruselas (Bélgica), martes 25 de septiembre de 2018. Fotografía: BERLÍN (ALEMANIA), AÑO 2018. El neonazi expresidente de la Generalidad de Cataluña huido y detenido en Alemania, Carles Puigdemont Casamajò, tras una conferencia antiespañola en Berlín (Alemania). Archivo Efe
La corte acordó tres magistrados al proceso, como había solicitado el abogado que defiende los intereses de España. Las partes tendrán ahora que presentar por escrito sus argumentos.
Los hechos
Estaba previsto hoy, martes 25 de septiembre de 2018, que tribunal belga, país al servicio del independentismo, decida si designa 3 magistrados en el juicio contra la Justicia española, precisamente contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tal como exigieron los huidos del golpe de estado separatistas en este país.
La diferencia es que esta vez, Bélgica se ha vista en frente a toda una nación en pie y se lo estaría pensando como someter al pueblo español. Este país, destruido por el independentismo de Flandes, necesita a una España debilitada para destruir Europa.
El tribunal belga encargado de la demanda civil del huido delincuente expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos contra el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena tenía previsto decidir hoy, martes, en una vista de trámite si, de manera excepcional, designa tres magistrados para este caso.
El Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas no se pronunciará sobre el fondo del asunto en esta segunda vista, tras un primer contacto administrativo el pasado 4 de septiembre, sino que solo fijará el calendario de audiencias y alegatos.
Se espera que la corte decida qué sala se ocupará del dossier y si destina tres jueces al caso, como solicitó la defensa y aceptó la acusación, circunstancia probable al tratarse de un caso «mediática y políticamente sensible», según ha explicado a Efe el abogado belga y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Lovaina Jean Drooghenbroeck.
La vista servirá también para que el letrado contratado por el Estado español en la causa, Hakim Boularbah, se persone como defensa del Reino de España y no del juez Llarena a título particular, como hizo el pasado 4 de septiembre.
El Gobierno ha aprobado una provisión de fondos superior al medio millón de euros, cantidad máxima que ha presupuestado el despacho Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick en caso de que el proceso llegue hasta el Tribunal Supremo belga, si bien la estrategia de la defensa recae sobre la abogada general del Estado, Consuelo Castro.
Según explicó Boularbah en la primera audiencia, el Estado español entiende que es «el poder judicial el que se cuestiona» en la demanda presentada por Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín y Lluis Puig, en la que reclaman un euro simbólico al considerar que unas declaraciones de Llarena el pasado febrero en Oviedo (España) vulneran su presunción de inocencia.
«Y el Derecho Internacional permite al Estado intervenir delante del tribunal de otro Estado para defender la unidad de jurisdicción de su órgano», comentó entonces el letrado contratado por el Gobierno español, quien aseguró que Llarena no tendrá que acudir personalmente a la sala en todo el proceso.
No obstante, para que el tribunal dirima sobre el fondo de la demanda, si se da el caso, habrá que esperar «varios meses o un año», opina Drooghenbroeck, quien cree factible que nunca se llegue a entrar en las raíces de una demanda cuya «pretensión es extraordinaria, espectacular».
Según este experto en Derecho Civil belga, llegado el momento el tribunal podría desestimar la demanda porque presenta varios «problemas técnicos» relativos a las «competencias internacionales, la inmunidad de los magistrados y la independencia de los jueces».
El profesor de Derecho Civil de la Universidad Libre de Bruselas Jacques Englebert ha añadido en declaraciones a Efe que también podría cuestionar las competencias del tribunal alguna de las partes, de forma que la sala podría citar a la acusación y a la defensa para debatir exclusivamente sobre ese asunto y sólo una vez resuelto, si procediera, entrar en materia.
«Es muy, muy corriente», ha señalado Englebert, quien ha recordado que la velocidad media para los procedimientos civiles en Bélgica es de un año y medio en primera instancia, más otros cuatro en apelación.
Por otro lado, Englebert no cree que vaya a tener influencia en el proceso la errónea traducción de las palabras de Llarena contenida en la denuncia original presentada por Puigdemont, los exconsellers y sus abogados, que daba por afirmativa una declaración en condicional del magistrado español que trastocaban el sentido de sus palabras.
«La regla en Bélgica es que se presupone la buena fe», de modo que habría que probar que la traducción se hizo con mala intención expresa, algo que es extremadamente difícil de demostrar, ha explicado el académico.
De lo contrario, será «la última traducción la única que contará» para el tribunal, ha comentado.
Otro asunto a tener en cuenta es que, con ese teórico calendario judicial a la vista, es factible que antes de que se resuelva el caso en los tribunales belgas se juzgue y se sentencie en España la causa del 1-O que instruyó Llarena.
«Quizá la decisión española pueda tener una influencia en el proceso belga, pero eso no quiere decir que vaya de facto a condicionarlo. Seguirá su propia cadencia», ha concluido Drooghenbroeck.
