Chiclana de la Frontera (Cádiz), domingo 25 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, eurodiputado de Patriots for Europe y coordinador nacional de los servicios jurídicos de la formación patriótica, Jorge Buxadé Villalba, ha comparecido este fin de semana en rueda de prensa en el Recinto Ferial de La Longuera de Chiclana de la Frontera (Cádiz), arropado por dirigentes, candidatos locales como Blanca Armario y afiliados del partido. Durante su intervención, el dirigente patriota ha denunciado duramente dos graves problemáticas que asfixian a la provincia gaditana: el ataque sistemático a la libertad de circulación de los trabajadores mediante el plan globalista de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) impuesto por el socialismo, y la absoluta indefensión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a las mafias del narcotráfico que asolan el litoral andaluz.
Buxadé exige mano dura contra el narcotráfico y la inmigración ilegal
En primer lugar, Buxadé se ha referido con firmeza a los recientes y brutales embates sufridos por las fuerzas de seguridad en la provincia de Cádiz, donde una nueva embarcación de la Guardia Civil fue vilmente embestida por las organizaciones criminales de la droga. El dirigente verde ha criticado la inacción de una «mafia socialista» que lleva años gobernando de espaldas al pueblo, aliándose con cárteles internacionales y con el régimen de Marruecos, de donde proceden masivamente la droga y la inmigración ilegal que asfixian al sur peninsular: «Hace 48 horas veíamos como una nueva embarcación de la Guardia Civil ha sido atacada por organizaciones criminales perfectamente organizadas. En un país o gobierna el pueblo a través de sus representantes libremente elegidos o al final acaban gobernando unos pocos que siempre se convierten en una mafia. Llevamos ocho años con una mafia corrupta, una mafia socialista que sabe perfectamente que las mafias se unen a las mafias… como la del narcotráfico internacional con Venezuela, el Foro de São Paulo, el Cártel de Puebla o Marruecos, que se ha convertido en un foco de traída tanto de personas que entran ilegalmente en nuestro territorio como de la droga».
El coordinador jurídico de Vox ha garantizado que, tras el 29N, un Gobierno liderado por los patriotas situará la erradicación del narcotráfico como la prioridad absoluta en la franja costera desde Málaga hasta Cádiz, dotando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los militares de la mejor tecnología militar y naval para neutralizar las narcolanchas. Asimismo, Buxadé ha prometido tolerancia cero contra los delincuentes, asegurando que «los de Vox preferimos que lloren las madres, las mujeres y las hijas de los delincuentes y de los narcotraficantes antes de que lloren las madres, las hijas, las mujeres o las hermanas de nuestros guardias civiles». En este sentido, ha remarcado el compromiso patriótico con Ceuta y Cádiz, prometiendo que el futuro Ejecutivo ejecutará la deportación inmediata de todos los inmigrantes ilegales para revitalizar la economía local.
Batalla frontal contra la imposición globalista de las ZBE en Chiclana
Por otro lado, Jorge Buxadé ha destapado el complot que supone la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Chiclana de la Frontera, una medida impulsada por el Gobierno municipal del PSOE en consonancia con la Agenda globalista y el Pacto Verde Europeo suscrito por socialistas y populares en Bruselas. El dirigente patriota ha denunciado que estas normativas anticoche son un castigo desproporcionado hacia los trabajadores y clases populares que no disponen de recursos para adquirir un vehículo eléctrico traído de China. Mostrando el cielo despejado de la localidad gaditana, Buxadé ha desmontado el relato ecologista radical que pretende arruinar al pequeño comercio chiclanero: «Vox es el único partido que ha luchado contra la Zona de Bajas Emisiones siempre. Y hemos conseguido que diversos Tribunales Superiores de Justicia anulen las Zonas de Bajas Emisiones que de forma ilegal, abusiva y desproporcionada han impuesto el Partido Popular y el Partido Socialista indistintamente en los diversos municipios. Yo simplemente animo a los medios de la prensa a que hagan un poco de zoom y amplíen la imagen y digan si hay un problema de emisiones aquí en el cielo de Chiclana… Quizás el problema que tiene Andalucía y gran parte de España es que hay muy pocas emisiones porque el Pacto Verde Europeo del PP y del PSOE ha acabado con nuestra industria, igual que está intentando acabar con nuestra agricultura, con nuestra ganadería y con nuestra pesca. Hasta ahora han hecho la trampa habitual de imponer la Zona de Bajas Emisiones y decir que no van a imponer sanciones, pero el plazo termina ya. El Partido Socialista se va a lanzar a imponer sanciones a los vecinos de Chiclana que no son ricos, que no pueden comprarse un coche eléctrico o un coche híbrido carísimo traído desde China».
La batalla judicial de Vox contra la dictadura climática
La formación presidida por Santiago Abascal Conde abandera de forma enérgica la batalla judicial y social contra la dictadura climática de las Zonas de Bajas Emisiones en toda España. Lasvocesdelpueblo ha venido documentando cómo el equipo jurídico de Vox ha tumbado en los tribunales las ZBE impuestas ilegalmente tanto por alcaldes del PSOE como del PP en ciudades como Madrid, Barcelona, Tarragona, Gerona o Tarrasa. Los patriotas sostienen que estos acotamientos urbanos restringen sin amparo legal el derecho constitucional a la libre circulación, castigan a las rentas más modestas e imponen regímenes sancionadores abusivos que asfixian el comercio local y la actividad empresarial en los cascos urbanos.
El plan del socialismo para multar a los trabajadores chiclaneros
En Chiclana de la Frontera, los archivos municipales confirman cómo el equipo de Gobierno municipal socialista aprobó la delimitación de una extensa ZBE que abarca más de una veintena de calles del centro urbano —incluyendo arterias principales como la Alameda del Río, la Plaza de España, la Huerta Chica o el entorno del Santo Cristo— al amparo de las directivas europeas financiada con fondos de transformación urbana.
El plan del socialismo contempla la restricción de acceso a vehículos sin etiqueta ambiental, exigiendo farragosos trámites burocráticos y autorizaciones a residentes, comerciantes y empleados para poder acceder a sus propios puestos de trabajo o viviendas. Pese a que el Consistorio ha demorado la entrada en vigor del régimen sancionador para aplacar la indignación vecinal, la normativa prevé multas automáticas tan pronto venza la prórroga temporal, lo que supondrá un auténtico ‘sancionazo’ recaudatorio contra las familias chiclaneras que no pueden renovar sus utilitarios.