Bruselas (Bélgica), martes 2 de junio de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El dirigente de VOX, Jorge Buxadé Villalba lleva la corrupción del PSOE y Gobierno a Europa; la formación presidida por Santiago Abascal Conde pide al Parlamento Europeo una audiencia pública urgente sobre la corrupción sistémica del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Buxadé lleva desde 2020 documentando, denunciando y llevando a las instituciones europeas todas las evidencias que hoy investiga la justicia española.
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé Villalba, ha remitido una carta formal a la presidenta del grupo de trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG), Sophie Wilmès, solicitando la convocatoria urgente de una audiencia pública sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y a su Gobierno. La solicitud propone que la audiencia cuente con representantes del Consejo, la Comisión Europea, la Fiscalía Europea (EPPO) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y exige que se celebre con la mayor celeridad posible.
Los nuevos casos que motivan esta petición son de una gravedad sin precedentes. La Audiencia Nacional ha abierto investigación penal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculados al rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana Plus Ultra, en una causa que conecta directamente con las relaciones del PSOE con el régimen de Maduro y con la vulneración de sanciones europeas impuestas a la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
Al mismo tiempo, esta semana la Guardia Civil ha registrado la sede nacional del Partido Socialista en el marco de una investigación por una estructura organizada y financiada para atacar y neutralizar a jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad. Dos casos. Un mismo patrón: una organización política que usa el poder del Estado para protegerse de la Justicia.
Lo que VOX lleva años haciendo en Europa
La delegación de VOX en el Parlamento Europeo lleva más de seis años documentando, denunciando y llevando ante las instituciones europeas la corrupción del Gobierno de Sánchez y sus ataques al Estado de Derecho. Lo que hoy se investiga en los juzgados españoles, VOX lo puso sobre la mesa en Bruselas mucho antes.
Enero de 2020. La delegación de VOX presenta una pregunta escrita a la Comisión Europea sobre la entrada ilegal de Delcy Rodríguez en el espacio Schengen, violando las sanciones europeas vigentes. Es la primera vez que el caso llega formalmente a las instituciones europeas.
Marzo de 2021. VOX presenta dos preguntas escritas: una sobre las injerencias de Venezuela en España y otra sobre la legalidad del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, vinculada al régimen de Maduro. Cinco años después, ese rescate es el centro de la investigación penal contra Zapatero.
Noviembre de 2021. VOX alerta formalmente a la Comisión Europea sobre los intentos del Gobierno de Sánchez de controlar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, denunciando el deterioro de la separación de poderes en España.
Abril de 2022. Pregunta escrita sobre el posible conflicto de interés y malversación de fondos europeos por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y la empresa Bee Digital.
Diciembre de 2022. VOX pregunta formalmente a la Comisión sobre la injerencia política en la elección de magistrados de los tribunales españoles.
Mayo de 2023. Pregunta escrita sobre el caso Mediador: una trama de corrupción del PSOE sufragada con fondos europeos del proyecto GAR-SI Sahel, gestionado por la FIIAPP, con 12 millones de euros de la UE potencialmente implicados.
Septiembre de 2023. VOX solicita un debate en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) sobre el riesgo para el Estado de Derecho que supone la amnistía pactada por Sánchez con ERC y Junts. La solicitud es rechazada con los votos del PP, el PSOE y Renew.
Noviembre de 2023. VOX lanza una segunda solicitud de debate en LIBE, reclamando la presencia de la vicepresidenta Jourová y el comisario Reynders. El PP vuelve a votar en contra. En el Pleno, el eurodiputado Hermann Tertsch interpela directamente al comisario Reynders, que reconoce haber pedido explicaciones al Gobierno español.
Enero de 2024. La delegación de VOX logra que la Comisión LIBE apruebe una enmienda a la Directiva Anticorrupción que prohíbe amnistiar delitos de corrupción. En las negociaciones finales de trilogos, el PP europeo negocia con los socialistas y la medida queda fuera del texto definitivo.
Febrero de 2024. Buxadé presenta la primera denuncia formal ante la OLAF por el caso Koldo: contratos de mascarillas COVID con posible implicación de fondos europeos. La Fiscalía Europea (EPPO) asume posteriormente la investigación al confirmar que un contrato estaba cofinanciado con 17,8 millones de euros del FEDER y el Fondo de Solidaridad.
Octubre de 2024. VOX solicita un debate urgente en el Pleno del Parlamento Europeo bajo el título Mala gestión de fondos públicos, transparencia y rendición de cuentas: graves acusaciones de corrupción contra el Gobierno Sánchez. El PP europeo rechaza apoyar la iniciativa en la Conferencia de Presidentes. Sin ese apoyo, el debate no llega a votarse.
Octubre de 2024. La delegación remite cartas a los comisarios McGrath y Reynders sobre la entrada de Delcy Rodríguez en España y las relaciones entre el Gobierno de Sánchez y el régimen venezolano, retomando una denuncia que VOX había iniciado cuatro años antes.
Junio de 2025. Buxadé, Girauta y otros miembros de la delegación intervienen en varios debates del Pleno y de comisión sobre el Estado de Derecho en España. Pregunta escrita sobre la participación de Santos Cerdán en proyectos financiados con fondos NextGenerationEU.
Abril y mayo de 2025. VOX logra que el Parlamento Europeo apruebe enmiendas al Informe sobre el Estado de Derecho 2025 en las que la institución condena por primera vez el uso político de indultos y amnistías, la interferencia en investigaciones de corrupción y la presión sobre jueces y fiscales.
Febrero de 2026. Buxadé participa en la misión oficial del DRFMG a España, cuya convocatoria VOX había impulsado desde el inicio de la legislatura. La delegación constata el deterioro de la independencia judicial, el retraso en la transposición de normativa anticorrupción y la ausencia de avances reales. El informe resultante es aprobado con los votos del PP y la mayoría de grupos sin permitir enmiendas. VOX lo rechaza por insuficiente y advierte de que el texto suaviza una realidad mucho más grave: la inclusión de una referencia al marco institucional español como «sólido» es, a juicio de VOX, incompatible con los hechos que se estaban produciendo.
Marzo de 2026. La nueva Directiva Europea Anticorrupción es aprobada en el Pleno. El texto final, negociado entre el PP europeo y los socialistas, excluye la prohibición de amnistías e indultos para delitos de corrupción y la persecución de la malversación sin ánimo de lucro, dos medidas que VOX había impulsado desde 2024 y que habrían sido directamente aplicables a los casos que hoy se investigan en España. VOX vota en contra.
Abril de 2026. En pleno juicio del caso Koldo, Buxadé presenta la segunda denuncia formal ante la OLAF con un informe sistemático sobre casos de corrupción del Gobierno vinculados a fondos europeos: Koldo, Begoña Gómez, Mediador, mascarillas, INECO. El mismo informe es presentado ante la OCDE por el diputado Pablo Sáez. Están en riesgo cerca de 500 millones de euros en fondos comunitarios.
Mayo de 2026. VOX presenta una pregunta escrita sobre el presunto desvío por parte del Gobierno de España de 2.300 millones de euros de fondos NextGenerationEU para el pago de pensiones, según el Tribunal de Cuentas.
La audiencia que se solicita hoy
La solicitud de audiencia pública ante el DRFMG es el paso lógico de seis años de trabajo institucional.
El caso Zapatero y la trama del PSOE no son una sorpresa: son la confirmación de lo que VOX lleva advirtiendo desde 2020.
En cada momento en que las instituciones europeas tuvieron la oportunidad de actuar, el PP europeo optó por bloquear, diluir o abstenerse.
El DRFMG tiene ahora una nueva oportunidad. España no puede seguir siendo la excepción a los estándares europeos del Estado de Derecho.