Buxadé: «Que sepan los sindicatos de clase» (UGT y CCOO) que con Gobiernos de VOX «se les acabó el chollo»

0
188
FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 17.04.2023. El vicepresidente de Comité de Acción Política (CAP) de VOX y eurodiputado de esta formación política verde de España, Jorge Buxadé Villalba, ofrece una rueda de prensa desde la sede nacional del partido verde en calle Bambú número 12, Madrid. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Madrid (España), lunes 17 de abril de 2023. El vicepresidente de Comité de Acción Política (CAP) de VOX y eurodiputado de esta formación política verde de España, Jorge Buxadé Villalba, ha calificado hoy de «medida electoralista» el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en el mercado de alquiler a precio asequible. Según ha explicado, «esas viviendas llevan en Sareb toda la legislatura». Del mismo modo que la Ley de Vivienda «lleva en el cajón un año» a la espera de ser debatida en precampaña.

Buxadé ha lamentado que, desde que VOX entró en las instituciones, se han presentado numerosas iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes que quieren formar una familia. «Y siempre han sido rechazadas». Tampoco ha obviado que el 80%-85% de los casos de corrupción que se han desatado en España ha sido por motivos urbanísticos.

En definitiva, tanto el Gobierno central, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos han utilizado la vivienda «para sus consecuciones políticas». Además, ha apostado por preguntar al Gobierno «cuántos proyectos de construcción están parados» así como «cuántas licencias de reforma se encuentran paradas».

Se trata de una política de «secuestrar la vivienda». «Es una medida engañosa. Porque no se trata de que se pongan las 50.000 viviendas en alquiler, sino que se traslade, al parecer repartirlas entre las diversas comunidades y administraciones públicas locales», ha explicado el eurodiputado.

Y frente a ello, VOX aboga por la protección de la propiedad privada, y «una vez que el propietario está seguro, incentivar la incorporación de la vivienda al mercado de la venta y del alquiler».

También por incentivos fiscales, tanto a la compra como al alquiler de viviendas». Porque el problema del acceso a la vivienda, ha dicho, «viene desde hace décadas como consecuencia de las políticas del bipartidismo».

En defensa de los trabajadores de España

Por otro lado, Buxadé ha confirmado hoy que VOX estará, junto a Solidaridad, el 1 de mayo, en las calles defendiendo a los trabajadores de España. Mientras, el sindicato UGT celebrará el día del trabajador despidiendo el 40% de su plantilla en Castilla y León.

Y lo hará «culpando a la Junta de CyL por haber recortado sus subvenciones». «Que sepan los sindicatos de clase que se les acabó el chollo», ha insistido Buxadé, quien ha insistido que los fondos públicos «tienen que ir dirigido a las empresas para la creación de empleo y a las familias para fomentar su natalidad y fomentar la prosperidad de todos los españoles». «Así lo hace VOX en Castilla y León (CyL) y así lo hará en todos los gobiernos», ha adelantado.

Respecto a la Propuesta de Ley de Regadíos en Doñana, Buxadé ha defendido que «su finalidad es garantizar no sólo el agua para los regantes, sino el agua para Doñana». «Pero el agua tiene que llegar a través de toda una serie de iniciativas que se recogen en nuestra proposición, tanto la desalinización del agua, la depuración del agua y muy especialmente las infraestructuras, que son absolutamente necesarias para llevar agua al Parque Nacional de Doñana a través de las cuencas sedentarias de los ríos Guadiana y Odiel».

Y ha advertido de que el riesgo para Doñana «es el Gobierno de Sánchez, el Gobierno que no ejecuta las infraestructuras hidráulicas precisas, previstas y proyectadas para llevar agua al Parque Nacional de Doñana».

Y de hecho, «la izquierda reacciona con actuaciones infantiles intentando llamar la atención en la Asamblea andaluza», lo que demuestra «su incapacidad de defender los derechos de todos esos trabajadores y de todos esos pequeños y medianos empresarios que dedican su esfuerzo a la producción de fresa, ciruelas y de todos los productos hortofrutícolas del Condado de Huelva».