Redacción – (Caso del 3% del partido de Carles Puigdemont y Artur Mas). En otro documento hallado en el despacho del tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el directivo de una Unión Temporal de Empresas (UTE) advierte a Viloca de que siguen pendientes de cobrar el importe de las facturas por unas obras en Sant Pere Pescador (Barcelona). «Agradeceríamos que se pudiera proceder al pago de estas facturas pendientes», le piden. Barcelona (España), sábado 4 de febrero de 2017. Fotografía: El presidente separatista catalán, Carles Puigdemont Casamajó (i) junto a su antecesor, Artur Mas Gavarró (detrás) durante su toma de posesión de Puigdemont el pasado mes de nero de 2016. Archivo Afp.
Varias empresas que supuestamente pagaban comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública se dirigían al tesorero del partido, Andreu Viloca, para que aprovechara sus «contactos y ascendencia» dentro de la formación para que las administraciones les pagaran facturas pendientes.
Así consta en un informe de la Guardia Civil que figura en el sumario del caso del 3 %, al que ha tenido acceso la agencia española de noticias Efe, este viernes 3 de marzo de 2017, en el que se analiza la documentación intervenida en el registro del despacho de Viloca, a quien la Fiscalía Anticorrupción da un papel clave en el control del pago de comisiones de empresas por adjudicaciones de obra pública de administraciones en poder de Convergència.
En concreto, el informe detalla que en el despacho de Viloca hallaron escritos en los que se le requería para realizar gestiones ante la administración por cuenta de distintas constructoras para cobrar facturas pendientes, lo que podría constituir un delito de tráfico de influencias, ya que pedían «favores» al tesorero del partido para que presionara a funcionarios públicos en su favor.
«Para la factura es necesario el número que facilita la Agencia Catalana del Agua (ACA) y que nunca ha llegado. Son 849.944 euros. Hablado con los técnicos del ACA, nos han dicho que estaba aprobada, pero no podíamos facturar a la espera de dicho número. Ahora dan razones inverosímiles, que si esto o aquello…Bien, imagino que ya conoce las estrategias que se hacen servir», sostenía un manuscrito hallado en el despacho de Viloca.
De hecho, el instituto armado apunta en su informe que el gerente de la ACA -agencia pública dependiente del departamento de Territorio de la Generalitat-, había sido un alto cargo durante la etapa de Lluis Recoder (CDC), al frente de la consejería.
El informe de la Guardia Civil incluye otros documentos en los que se pedía a Viloca que consiguiera que Regesa, empresa pública vinculada al Consejo Comarcal del Barcelonés, pagara facturas pendientes a la adjudicataria.
En otro documento hallado en el despacho del tesorero de CDC, el directivo de una Unión Temporal de Empresas (UTE) advierte a Viloca de que siguen pendientes de cobrar el importe de las facturas por unas obras en Sant Pere Pescador (Barcelona).
«Agradeceríamos que se pudiera proceder al pago de estas facturas pendientes», le piden.
Este mismo «modus operandi», según la Guardia Civil, también se repite con otra UTE, que le dirigió escritos a Viloca para que mediara ante la administración por la falta de pago de facturas relativas a obras realizadas.
En un auto que consta en el sumario, el juez de El Vendrell (Tarragona) que dirige el caso del 3 % concluye que existen «indicios suficientes» de que entes públicos gobernados por CDC adjudicaron obras y servicios a mercantiles «que previamente habrían sido donantes de importantes cantidades a las fundaciones del partido».
«En todas estas operaciones intervendría, sin aparentemente tener ninguna potestad para ello, por el cargo que detenta, el señor Viloca, que es tesorero de la fundación Catdem (afín a CDC) y de CDC, pareciendo, al tiempo, que la tesorería de las fundaciones y el partido fueran vasos comunicantes», sostiene el juez.
Para el magistrado, existen indicios de que Viloca realizó «labores de mediación» para que fueran adjudicadas las obras públicas a los empresarios «donantes», con una «dinámica de reuniones y pagos de donaciones» que, analizada en su contexto temporal en cada uno de los supuestos, «reflejaría, en apariencia, una relación de causalidad entre el pago de estas donaciones y la concesión de las obras públicas».
«Parece existir un especial seguimiento o interés, por parte de Viloca, teniendo en cuenta el cargo que ostenta, en adjudicaciones del sector público que se han llevado a cabo y que han terminado recayendo sobre empresarios con los cuáles éste se reunió y que fueron donantes de alguna de las fundaciones vinculadas a Convergència Democrática», indica el juez.
En el auto, el magistrado afirma compartir el «tenor literal» de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, en el sentido de que la documentación intervenida en el despacho de Viloca «no explica la relación directa entre éste y los empresarios adjudicatarios/donantes en el marco de las funciones legales de Viloca como tesorero de CDC, una vez analizada y contextualizada con el resto de la investigación».
Para el juez, existen indicios de que puede existir una «clara relación ilegal (de Viloca) con aquellos empresarios y las respectivas adjudicaciones de obras y servicios, consistentes en el cobro de comisiones en nombre de CDC».
«Ni resulta, en absoluto, descabellada, la conclusión a la que llega el Ministerio Fiscal al decir que Viloca detenta un dominio sobre la totalidad de recursos financieros de CDC», resalta el magistrado.
