Caso ERE: Audiencia de Sevilla pide al Tribunal Constitucional que justifique la razón por la que Cándido Conde-Pumpido le solicita la providencia en la que cuestionó el amparo a condenados

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FOTOGRAFÍA. SEVILLA (ESPAÑA), 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. Vista de los ladrones de la izquierda corrupta que gobierna España, todos del PSOE del presidente de Gobierno en funciones Pedro Sánchez. Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE han sido condenados este martes por la Audiencia de Sevilla. (Primera fila, izquierda a la derecha) El expresidente de la Junta Manuel Chaves, condenado 9 años de inhabilitación por prevaricación; el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación en concurso con malversación; Gaspar Zarrías, 9 años de inhabilitación por prevaricación; Magdalena Álvarez, 9 años de inhabilitación por prevaricación; José Antonio Viera, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; Antonio Fernández, 7 años y 11 meses de prisión y 19 años de inhabilitación absoluta; Francisco Vallejo, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta. (Segunda fila, izquierda a la derecha) Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación; Francisco Javier Guerrero, 7 años de cárcel y 19 años de inhabilitación; Juan Márquez, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; José Salgueiro, 9 años de inhabilitación; Agustín Barberá, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; Jesús María Rodríguez, 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación; Miguel Ángel Serrano, condenado a 6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación; (Tercera fila, (izquierda a la derecha) Jacinto Cañete, 8 años y 6 meses de inhabilitación; Juan Francisco Sánchez, 9 años de inhabilitación; Javier Aguado, 9 años de inhabilitación; Lourdes Medina, 8 años y 6 meses de inhabilitación; Antonio Vicente , 9 años de inhabilitación; Manuel Gómez, ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y malversación y Francisco del Río ha sido absuelto del delito continuado de prevaricación. Efe
FOTOGRAFÍA. SEVILLA (ESPAÑA), 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. Vista de los ladrones de la izquierda corrupta que gobierna España, todos del PSOE del presidente de Gobierno en funciones Pedro Sánchez. Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE han sido condenados este martes por la Audiencia de Sevilla. (Primera fila, izquierda a la derecha) El expresidente de la Junta Manuel Chaves, condenado 9 años de inhabilitación por prevaricación; el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación en concurso con malversación; Gaspar Zarrías, 9 años de inhabilitación por prevaricación; Magdalena Álvarez, 9 años de inhabilitación por prevaricación; José Antonio Viera, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; Antonio Fernández, 7 años y 11 meses de prisión y 19 años de inhabilitación absoluta; Francisco Vallejo, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta. (Segunda fila, izquierda a la derecha) Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación; Francisco Javier Guerrero, 7 años de cárcel y 19 años de inhabilitación; Juan Márquez, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; José Salgueiro, 9 años de inhabilitación; Agustín Barberá, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; Jesús María Rodríguez, 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación; Miguel Ángel Serrano, condenado a 6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación; (Tercera fila, (izquierda a la derecha) Jacinto Cañete, 8 años y 6 meses de inhabilitación; Juan Francisco Sánchez, 9 años de inhabilitación; Javier Aguado, 9 años de inhabilitación; Lourdes Medina, 8 años y 6 meses de inhabilitación; Antonio Vicente , 9 años de inhabilitación; Manuel Gómez, ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y malversación y Francisco del Río ha sido absuelto del delito continuado de prevaricación. Efe

Sevilla (Andalucía) Reino de España, jueves 27 de marzo de 2025 (Efe).- La Audiencia de Sevilla ha pedido al Constitucional que le justifique la razón por la que este último le ha solicitado la providencia en la que cuestionó el amparo concedido por la propia corte de garantías a distintos condenados por el caso ERE de Andalucía como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Este nuevo paso, recogido en una diligencia a la que ha tenido acceso Efe este jueves, se produce después de que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, abriera el debate sobre si la Audiencia sevillana puede elevar una cuestión prejudicial a la Justicia europea por este caso, para lo cual previsiblemente se pedirá un informe al respecto a los letrados de la institución.

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La Audiencia de Sevilla había cuestionado previamente que el amparo concedido por el Constitucional a distintos condenados fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea, y pidió opinión a las partes sobre si la corte de garantías se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces.

En la nueva diligencia, la Sección Primera pide en concreto al TC que «justifique la finalidad o razón de ser» de la solicitud en la que el secretario de la corte de garantías, a través de un oficio a la Audiencia, solicita «remisión del testimonio» de la providencia en la que el tribunal sevillano dio ese nuevo paso.

Esta diligencia puede ser impugnada mediante un recurso de reposición, aunque la Audiencia aclara que se la interposición del mismo «no tendrá efectos suspensivos» respecto de la resolución recurrida.

Conde-Pumpido ha consultado este semana a varios magistrados sobre si un tribunal ordinario puede acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para tratar de esquivar las resoluciones del Constitucional, según indicaron a Efe fuentes jurídicas.

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El presidente, añadieron las fuentes, manifestó su intención de pedir un informe a los letrados de la corte de garantías para que se pronunciaran sobre la viabilidad de que jueces españoles puedan plantear una cuestión prejudicial por resoluciones del TC.

Los jueces y magistrados españoles son competentes para preguntar al TJUE, pero la duda reside en si lo pueden hacer respecto de resoluciones de la corte de garantías con las que discrepan.

Este asunto llegó a ser discutido en el pleno del Constitucional y, tras escuchar las opiniones de los magistrados, se acordó pedir copia de la providencia a la Audiencia de Sevilla -como ya ha ocurrido- para ya después, previsiblemente, pedir el informe a los letrados, según las fuentes consultadas.

En la providencia que el TC ha pedido al tribunal sevillano , que a su vez le ha replicado que justifique su solicitud, este último planteaba dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de la resolución del Constitucional, que anuló la pena de cárcel a Griñán y rebajó la pena de Manuel Chaves.

Concretamente, la Audiencia pedía la opinión de las partes sobre si el Constitucional se había «extralimitado» en la función de control que le corresponde, «invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales» al revisar lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como por el Tribunal Supremo.