Efe – Los cuatro partidos de la oposición en Andalucía coinciden en su dictamen de la comisión de investigación sobre los cursos de formación en señalar como responsables políticos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero difieren a la hora de determinar la implicación de Susana Díaz. Sevilla (España), lunes 26 de septiembre de 2016. Fotografía: la líder del PSOE en Andalucía y actual presidenta andaluza, Susana Díaz. Archivo Efe.
El PSOE-A determina que no hay responsabilidad política de los cargos de la Junta ni de los funcionarios y que no existía ninguna trama, además de subrayar que los interventores rechazaron en sus intervenciones que existiera menoscabo de fondos públicos.
En las conclusiones de la comisión, cuyo plazo de presentación ha finalizado esta tarde, PP y Podemos elevan la responsabilidad a Díaz, mientras que IU también le señala pero en menor grado que a los expresidentes, en este caso por una «responsabilidad por acción negligente» por paralizar durante tres años los programas de cursos.
Ciudadanos por su parte fija la máxima responsabilidad política de los cursos de formación en Chaves y Griñán, pero excluye a Díaz con el argumento de que entre el 2002 y el 2012 no presidía la Junta.
Una vez que el presidente de la comisión, Julio Díaz (C’s), dispone de las conclusiones de los cinco grupos, elaborará un dictamen síntesis en un plazo de unas tres o cuatro semanas y posteriormente le dará traslado a los partidos para que lo analicen.
La comisión de investigación se reunirá después para votar ese dictamen y de ese encuentro saldrá un texto que deberá ir a pleno para el refrendo o el rechazo del Parlamento andaluz, donde los grupos también pueden presentar enmiendas.
Los partidos han hecho un llamamiento al diálogo durante el periodo de elaboración de las conclusiones para que no se repita lo ocurrido en la comisión de investigación de los ERE, cuyo dictamen fue rechazado por el Parlamento después de que los tres partidos que tenían representación (PP, PSOE e IU) no lograran consensuar un texto ni sobre lo investigado ni recomendaciones para el futuro.
El PSOE entiende que las declaraciones en la comisión, así como la documentación analizada desmienten «una visión falaz, alarmista y catastrofista» de la formación profesional para el empleo, y subraya que los interventores dejaron «claro» que detectaron «cuestiones administrativas, nunca penales», y que no hay «menoscabo».
El PP, que fija la pérdida por el «fraude» en 1.970 millones, es el partido que va más lejos al fijar la responsabilidad política, ya que señala a un total de 35 altos cargos, entre los que se encuentran dos consejeros y cinco exconsejeros, así como exviceconsejeros, delegados provinciales y directores de formación.
Podemos también apunta al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, por «bloquear» la investigación, y a sus cuatro antecesores en el cargo por no corregir el procedimiento.
Ciudadanos señala, entre otros argumentos, que es «cierto y real» que no se alcanzaron los objetivos marcados con las políticas de formación, algo que es responsabilidad de los cargos políticos dentro de la Consejería de Empleo y de los expresidentes andaluces, «dado que ellos encarnan la máxima responsabilidad de todas las políticas desarrolladas por la administración andaluza».
IU incluye cuatro grados diferentes, ya que cree que Chaves tiene responsabilidad política «in vigilando» e «in eligendo», mientras que Griñán solo es responsable por esto último; Díaz y Sánchez Maldonado son responsables «por acción negligente»; y como responsables «directos» sitúa a los titulares de Empleo, los directores de formación o a los directores provinciales de Empleo.
La paralización de los cursos de formación es el argumento de PP, Podemos e IU para señalar como responsable a Díaz, ya que consideran que ha supuesto un perjuicio para miles de andaluces.
A ese respecto, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, se ha referido a IU y ha dicho hoy que es «muy complicado estar al sol y a la sombra a la vez», ya que ha recordado que la decisión de mantener la paralización de los cursos fue «adoptada y apoyada por un gobierno donde ha estado Izquierda Unida».
