
Madrid (Comunidad de Madrid) Reino de España, miércoles 22 de enero de 2025 (Efe).- CASO FISCAL GENERAL ÁLVARO GARCÍA ORTIZ | El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha preguntado a la Fiscalía si los dispositivos móviles del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han sido formateados, al tiempo que ha pedido al Ministerio Público copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y correos electrónicos.
Hurtado ha dictado un auto en el que acepta dos de las diligencias solicitadas en diciembre por las acusaciones en la causa que investiga la filtración de información sobre la investigación abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidente el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso, por fraude fiscal, y sus conversaciones para llegar a un pacto con el Ministerio Público.
Los cambios de móvil de García Ortiz
El juez del Tribunal Supremo pide al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal.
Y también ha pedido al departamento de informática de la Fiscalía General que informe de las veces que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal; remita los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo; e informe sobre si los anteriores dispositivos han sido formateados; y, en caso afirmativo, identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha y software utilizado.
El magistrado ha acordado estas diligencias después de que la UCO no hallara mensaje alguno en el terminal de García Ortiz, quien los borró siguiendo un protocolo de seguridad, como sostuvo la Fiscalía General, si bien la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal del caso Julián Salto negaron ante el juez que exista dicho protocolo de borrado de seguridad de mensajes.
La Abogacía del Estado pide suspender la citación del fiscal
Por otra parte, la Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo suspender la citación como investigado del fiscal general del Estado, prevista la semana que viene, hasta practicar una serie de diligencias, como la declaración del novio de Isabel Díaz Ayuso o la intervención del móvil de su jefe de gabinete.
En un recurso contra la citación de Álvaro García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la Abogacía cuestiona que el juez Ángel Hurtado haya omitido y «desdeñado» los «múltiples contraindicios que articulan una explicación alternativa y razonable» de lo ocurrido y que refuerzan que no concurren -dice- «sospechas fundadas» contra ellos.
La Abogacía pide suspender las declaraciones del 29 y 30 de enero hasta que se practiquen varias diligencias que considera esenciales y que vendrían a «desacreditar» las conclusiones del juez Hurtado y a «confirmar otros elementos de prueba», según el recurso al que ha tenido acceso EFE, presentado en representación de Rodríguez.
Entre ellas figura la citación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña que aún no ha comparecido, y la intervención del móvil del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien acusa de haber realizado afirmaciones «abiertamente falsas» en su declaración.
Solicita también citar como testigos a varios periodistas y a los agentes que realizaron el informe sobre el material intervenido en el registro a Pilar Rodríguez, investigada junto al fiscal general por presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador.
Denuncia vulneración de derechos
La Abogacía denuncia una «vulneración» de derechos de los investigados al considerar que «se está realizando un juicio paralelo» en su contra «con una difusión pública, ilegal y parcial».
Considera «especialmente grave» que el juez afirmase en un auto que el correo que centra la investigación -en el que la defensa de González Amador ofrecía un pacto al fiscal y reconocía dos delitos fiscales- circuló «con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno», y de ahí, al medio El Plural. Un hecho, subraya «carente de elementos de prueba».
A lo largo de su recurso, cuestiona las tesis del magistrado: discute que el citado correo tenga «naturaleza reservada» porque no formaba parte de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador ni se incluyen en el expediente de investigación «ni producen efecto alguno», y recuerda que el propio empresario compartió el contenido de un correo con Miguel Ángel Rodríguez antes de que los investigados accedieran a él.
Critica que el magistrado guarde «un silencio difícil de entender» sobre aspectos como que el correo estuviese a disposición de «múltiples personas» al haber sido enviado a una dirección genérica, que el visado de la denuncia de 5 de marzo implicó el envío de «un número indeterminado de copias» o que fuese remitida tanto a la Agencia Tributaria como a los juzgados de Madrid.
Y recuerda también que varios periodistas reconocieron tener la denuncia desde el 6 de marzo, días antes de que el fiscal general solicitase la información a sus subordinados.
Además, apunta a que si el único fundamento para atribuir la filtración a ambos investigados es «la cercanía cronológica» entre la dación de cuentas solicitada por el fiscal general y la publicación de la noticia en eldiario.es el 12 de marzo, «los mismos motivos podrían justificar» la imputación a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que también tuvo acceso a la documentación.