Caso Fiscal General: El Tribunal Supremo solicita a operadoras telefónicas «datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas» por Álvaro García Ortiz e «identificación del receptor y emisor»

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FOTOGRAFÍA. MADRID (REINO DE ESPAÑA), SEPTIEMBRE DE 2024. El Tribunal Supremo abre causa contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por "revelación de secretos" . El investigado por parte del Tribunal Supremo por "revelación de secreto", entre otros delitos, fiscal general del Estado y miembro dle Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Álvaro García Ortiz. Efe
FOTOGRAFÍA. MADRID (REINO DE ESPAÑA), SEPTIEMBRE DE 2024. El investigado por parte del Tribunal Supremo por "revelación de secreto", entre otros delitos, fiscal general del Estado y miembro dle Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Álvaro García Ortiz. Efe

Madrid (Comunidad de Madrid) Reino de España, martes 7 de enero de 2025 (lasvocesdelpueblo y Agencias).- CASO FISCAL GENERAL ÁLVARO GARCÍA ORTIZ | El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha consultado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «si es posible recuperar el contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido en dos números de móvil vinculados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que éste investigado tras apertura de la causa contra él, decidió borrar únicamente los mensajes de las supuestas conversaciones mantenidas sobre su autoría en la filtración (revelación de secreto).

En ese mismo auto, el instructor de la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, solicita a «dos operadoras telefónicas» que faciliten los «datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos».

También pide la «identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos».

En otro auto, el juez rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del magistrado de «acotar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024».