Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Valencia (España), jueves 9 de junio de 2022. Caso Oltra. La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana atribuye a la vicepresidente, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno del botánico de la Generalidad Valenciana por el partido separatista valenciano Compromís, Mónica Oltra Jarque, la directriz de ocultar los abusos sexuales por parte de su marido, Luis Eduardo Ramírez, a una menor tutelada por la Consejería de ella, así como de «desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad«.
Así consta en el escrito que la fiscal superior, Teresa Gisbert, ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el que apoya que este tribunal investigue a Oltra por la gestión de su departamento en este caso.
Según el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la fiscal considera que la actuación de la vicepresidente, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno del botánico de la Generalidad Valenciana por el partido separatista valenciano Compromís «puede ser constitutiva de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos», y ve «indicios relevantes» contra Oltra.
A partir de la exposición razonada de hechos realizada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que condenó al marido de Oltra por los abusos sexuales a la menor tutelada por la Consejería de su mujer (Mónica Oltra Jarque), la Fiscalía concluye que «hubo un plan preestablecido para ocultar y desacreditar la menor» abusada sexualmente por el marido de Mónica Oltra Jarque.
Reprocha que los hechos no se pusieran en conocimiento ni de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores, ni de la Administración de Justicia, y sólo salieron del ámbito interno de la Consejería, titular de Mónica Oltra Jarque, cuando la víctima los relató a unos policías, «más de cuatro meses después» de habérselo comunicado a una trabajadora social.
La Fiscalía señala que a la vista de todo lo expuesto «es preciso e ineludible cuestionar si hubo una voluntad real de esclarecer estos abusos» sexuales, pues ve indicios que dejan entrever «la escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos».
La fiscal señala que la voluntad parecía ser la de «dejarlo correr», una actitud, a su juicio, «incomprensible» y «extraña», que «pasa a ser comprensible cuando se descubre que el autor de los abusos denunciados era el marido» de la vicepresidente, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno del botánico de la Generalidad Valenciana por el partido separatista valenciano Compromís, Mónica Oltra Jarque, Luis Eduardo Ramírez.
Afirma que podría alegarse que algún funcionario, técnico o psicólogo se equivocara, «pero ¿todos?», se pregunta, y manifiesta que se realizó «una investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos».
«¿Cuál podía ser la finalidad de todo ello?», se plantea, y responde que «el beneficiario directo» era Luis Eduardo Ramírez, marido de Oltra y condenado por los abusos, pero también la propia Oltra, «en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales».
También considera la Fiscalía que la finalidad del expediente informativo elaborado por la Consejería una vez publicados los hechos y abierta una investigación judicial, «no fue esclarecer los posibles errores» que se pudieran haber cometido, «sino la de esclarecer la credibilidad del testimonio de la menor».
«Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más bien parece que se incoó con objeto de liberar de responsabilidades a la Generalidad Valenciana y a las personas y organismos que ejercían o intervenían en la tutela de la menor», pues en él se niega credibilidad a la declaración de la víctima.
Cree la fiscal que «al haberse iniciado un procedimiento judicial» por los abusos y «salir de la órbita interna de la Consejería, dónde ya no podían ‘controlarse’, se optó por abrir un expediente para desacreditar a la menor y exculpar a la Consejería».
En este sentido, atribuye a Oltra los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, y extiende estos dos últimos al resto de investigados en esta causa.
La prevaricación, cree que solo concurre en el caso de Oltra, pues la señala como la que dio la «orden verbal» dirigida a todos los funcionarios investigados para que «actuasen incoando una información paralela a la judicial con objeto de desvirtuar la credibilidad de la menor».
«Es evidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal», indica la Fiscalía, quien añade que un «fuerte indicio de que dicha orden fue emitida» por Oltra es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron siempre la misma versión exculpatoria de la Conselleria.
Sobre el abandono de menores, afirma que hubo «un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo», ya que «nadie se preocupó de proteger a la menor de dichos abusos, hasta el punto de que el educador autor material de los mismos fue repuesto en sus funciones».
Respecto de la omisión del deber de perseguir delitos, afirma que tanto Oltra como los demás investigados, «dejaron de cumplir a sabiendas su obligación, como encargados de la custodia y tutela de la menor, de poner en conocimiento de la Policía, Fiscalía de Menores, y Administración de Justicia los abusos manifestados» por ella.
