Agencias – En ese sentido, el fiscala Sánchez Ulled ha sostenido que el presunto pago de comisiones de Ferrovial a CDC de Artur Mas y Carles Puigdemont sí comporta un perjuicio social y ha advertido de que esa conducta «se produce en un contexto muy amplio, que es el contexto de la financiación ilegal de una formación política muy determinada y un tráfico criminal cuyos objetos son blanqueados a través de la estructura del Palacio de Música». Barcelona (España), jueves 2 de marzo de 2017. Fotografía: El extesorero de CDC Daniel Osácar (i) espera la apertura de la Ciutat de la Justicia donde la Audiencia de Barcelona celebra la segunda jornada del juicio del expolio del Palacio de la Música, dedicada de nuevo a las cuestiones previas, antes de que el próximo 8 de marzo declaren los principales imputados, Félix Millet y Jordi Montull. Efe.
El fiscal Anticorrupción ha advertido hoy de que el expolio del Palau de la Música supuso un perjuicio para la sociedad en el contexto de la «financiación ilegal» de CDC mediante el «abuso» en los «pagos ilícitos» de Ferrovial al partido a través de la institución cultural.
El fiscal se ha opuesto a las peticiones de prescripción formuladas por varios de los acusados por el expolio del Palacio de Música en la segunda jornada del juicio, que se reanudará el próximo miércoles con la esperada declaración de Jordi Montull y de su hija Gemma, que siguen negociando un pacto con la Fiscalía para delatar a CDC a cambio de una rebaja sustancial de sus penas.
Como ya ocurrió ayer, los saqueadores confesos del Palacio de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, que acabaron distanciados al estallar el escándalo del saqueo, han mantenido de nuevo hoy en los pasillos de la Ciudad de la Justicia una vehemente conversación en privado, en la última sesión del juicio antes de que comience la ronda de interrogatorios.
Mientras siguen los contactos discretos entre las partes de cara a la sesión clave del próximo miércoles, la Audiencia de Barcelona ha absuelto hoy por prescripción al publicista Marc Martí, porque giró la última factura supuestamente falsa a la entidad veinte días antes del plazo de prescripción del delito de falsedad documental, de cinco años, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y del resto de acusaciones.
En su intervención para rebatir los argumentos de las defensas, entre ellas las del extesorero de CDC Daniel Osàcar y los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, el fiscal Emilio Sánchez Ulled se ha opuesto a la prescripción invocada por los demás acusados, al sostener que incurrieron en una conexión delictiva que duró varios años y causó un perjuicio para la sociedad, en el contexto de la «financiación ilegal» de CDC.
Según el fiscal, en este caso hubo una conexión de delitos que integran un «proyecto único», por lo que cree que se debe acudir al plazo prescriptivo del delito más grave de entre los que se les acusa, que en su opinión no habría transcurrido cuando fueron imputados.
El ministerio público ha rebatido además la tesis de las defensas de los ex directivos de Ferrovial, que adujeron ayer que la Fiscalía no estaba legitimada para acusarlos por un delito de administración desleal dado que este exige denuncia por parte de la empresa afectada o sus socios, que en este caso no existe.
En ese sentido, Sánchez Ulled ha sostenido que el presunto pago de comisiones de Ferrovial a CDC sí comporta un perjuicio social y ha advertido de que esa conducta «se produce en un contexto muy amplio, que es el contexto de la financiación ilegal de una formación política muy determinada y un tráfico criminal cuyos objetos son blanqueados a través de la estructura del Palacio de Música».
«Estos pagos ilícitos no son necesarios para el normal y lícito del objeto social (de la entidad), suponen un abuso. Sería estremecedor que (las defensas) quisieran forzar el argumento de que pagar el tráfico de influencias y obtener un beneficio económico por ello es fantástico» para la compañía, ha agregado Ulled, en relación al supuesto pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.
En la sesión de hoy del juicio, la Audiencia de Barcelona ha aceptado como prueba un cuadro de un documento en el programa «excel» que Gemma Montull, exdirectora financiera del Palacio de la Música, ha presentado para desvincularse del destino de 3,2 millones de euros del expolio que sacó en efectivo del banco y que asegura fueron a parar a Fèlix Millet.
En ese documento presentado a última hora, al que ha tenido acceso Efe, Montull detalla el origen y destino de 22 reintegros en efectivo que efectuó entre marzo de 2004 y el mismo mes de 2007 de una cuenta de Caixa Manresa y que sostiene sirvieron para pagar gastos del expresidente del Palacio de la Música Fèlix Millet.
Con ese cuadro contable, la defensa de Montull trata de acreditar que el destino de esos 3,2 millones de euros que las acusaciones atribuyen a los tres exresponsable del Palacio de la Música fueron gastos particulares de Millet, entre ellos viajes o compras, o la caja fuerte y las cuentas del saqueador confeso y que ella no se los quedó.
La defensa de los Montull, representada por los abogados Jordi Pina y Jorge Navarro, ha aportado esa prueba documental mientras sigue negociando con la Fiscalía una eventual confesión para inculpar a CDC por presunta financiación ilegal a través del Palacio de Música, a cambio de una rebaja sustancial de condena para Gemma Montull.
Por otra parte, en las cuestiones previas el fiscal también ha rechazado las tesis de las defensas de que se rompió la cadena de custodia en una de las pruebas del caso, un CD con varios documentos en los que se basó Hacienda para concluir que CDC se financió ilegalmente a través del Palau, y ha alegado que, pese a que ese disco se rayó, los peritos habían hecho una copia en su ordenador de los archivos y posteriormente el juez obtuvo de nuevo los documentos en el servidor original.
El tribunal comunicará su decisión sobre las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas, o si las resuelve en sentencia al iniciar la tercera sesión del juicio, el próximo 8 de marzo, cuando está previsto que comiencen las declaraciones de los acusados.
