Efe.- Barcelona (España), martes 28 de marzo de 2023. El juez Alejandro Abascal, que investiga a la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha aplazado al 17 de abril la citación como investigados del expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y del ex secretario general Raúl Masso por el presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ha decidido retrasar estos interrogatorios, inicialmente previstos para el 3 de abril, al haber solicitado la defensa de estos investigados más tiempo para consultar la documentación que obra en esta causa, el llamado caso Soule, han informado fuentes jurídicas.
Abascal decidió citarles después de que la Audiencia Nacional, en atención a un recurso de La Liga Nacional de Fútbol Profesional, solicitara al magistrado su imputación y toma de declaración en relación a ese presunto desvío de fondos al expresidente de la RFEF Ángel María Villar, que ya estaba siendo investigado en este procedimiento.
La Fiscalía cree que existe una «presunta desviación de fondos aportados» por la Liga a la Federación, «con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos».
Según la Fiscalía, los informes periciales revelan que «las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos» y dicha diferencia no estaría justificada.
Entre la Liga y la Federación existen convenios que establecen el régimen de las relaciones económicas entre ambas entidades y la LNFP denunció que la investigación había desvelado pagos ajenos a los fines convencionales por los que aportaba a la RFEF los fondos convenidos.
Hizo referencia, según recordaba el tribunal al aceptar su petición, a un supuesto acuerdo -«Acuerdo arbitral referente a la aplicación el posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF»- que habría sido alcanzado a espaldas de La Liga y por personas sin atribución ni competencia para ello, y apuntó que el presidente y secretario de la CTA en esos momentos habrían ordenado el pago de facturas, con fondos de La Liga, de gastos ajenos al fútbol profesional.
El caso Soule, en el que declararán ambos antiguos responsables arbitrales, se abrió en 2017 y discurre en paralelo al conocido como caso Negreira.
