Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Valladolid (España), lunes 16 de enero de 2023. El presidente del Gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León, formado por VOX y PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este domingo al Gobierno de España de mentir y de generar alarma social y ha recalcado que su Ejecutivo «no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios».
«Lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del solo sí es sí que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales», ha escrito el presidente autonómico en su cuenta de Twitter, tras conocer que el Gobierno ha requerido oficialmente a la Consejería de Sanidad de la Junta que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
Finalmente, Mañueco ha asegurado que la ministra de Sanidad conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que «no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico»,
En un comunicado la Junta de Castilla y León ha asegurado que tiene «plena autonomía» para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y ha pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos «vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía».
«Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia», ha argumentado la Junta de Castilla y León en el comunicado, en que argumenta que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: «El respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios».
En este sentido, el Gobierno autonómico ha subrayado que se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, «por supuesto», se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas.
«Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley», ha indicado.
Dicho esto, la Junta de Castilla y León ha advertido de que utilizará «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición» para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada «a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente».
Requerimiento al Gobierno de España
Por este motivo, la Junta ha anunciado que la Consejería de Sanidad enviará en el día de mañana la «adecuada contestación» al Ministerio de Sanidad y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial.
Entre sus demandas, la Junta pide al Gobierno que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una comunidad «vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al simple amparo de noticias en medios de comunicación».
Asimismo, ha defendido que la Comunidad tiene «plena autonomía» para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual.
Finalmente, la Junta ha recordado que las obligaciones de colaboración interadministrativa están fijadas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos establecidos, por lo que «ninguna obligación específica existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias».
Por todo ello, la Junta ha advertido de que en caso de que no se respeten sus competencias, no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, «a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico».
