Madrid (Reino de España), miércoles 26 de marzo de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- La jefa de los servicios jurídicos nacionales de VOX Castro denuncia al Fiscal General por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. La letrada pide la suspensión cautelar de funciones del jurista sanchista Álvaro García Ortiz. «no cabe duda de que paralizar las diligencias del Caso Koldo (Koldo García Izaguirre) pudo permitir a los implicados destruir pruebas», advierte Castro en su escrito.
La representante jurídica de VOX ha presentado hoy mismo una denuncia contra el Fiscal General del Estado, el socialista Álvaro García Ortiz, después de conocer que paralizó el caso Koldo antes de las elecciones generales de 2023.
La coordinadora Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro Fuentes, le atribuye un delito de prevaricación, contemplado en el artículo 404 del Código Penal (CP), y omisión del deber de perseguir delitos, artículo 408 CP. Y pide la «suspensión cautelar de sus funciones».
- Armengol, Torres y Ábalos| Castro denuncia al Fiscal General por prevaricación
Argumenta Castro que el Fiscal General «tenía conocimiento del borrador de la querella», pues es el procedimiento que se realiza en virtud de la circular 2/2022 de 20 de diciembre. Además, arguye que Ortiz «sabía de la investigación que afectaba a varios ministros del Gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, como varios miembros incluidos en las listas del PSOE, Francina Armengol, Angel Víctor Torres o José Luis Ábalos, sino también de las diligencias que se iban a practicar y que incluso se declararon secreto por su trascendencia».
A ello se suma que «la paralización de estas diligencias hasta septiembre no cabe duda alguna que pudo permitir que los implicados y personas que pudieran resultar implicadas en el asunto, destruyeran pruebas y estuvieran sobre aviso de las investigaciones seguidas por la UCO». Y, al parecer, «se decidió frenar la investigación por la celebración de las elecciones, a pesar de que los investigados seguían con su actividad delictiva, manteniendo contactos y realizando los viajes que consideraban necesarios para el mantenimiento de su lucrativa actividad», destaca la formación que lidera Santiago Abascal.
- «Dolosa dejación de las funciones»| Castro denuncia al Fiscal General por prevaricación
En definitiva, el Fiscal General del Estado evidenció una «dolosa dejación de las funciones». Y recuerda VOX que, de acuerdo a su normativa, el Ministerio Fiscal debe ejercer sus funciones conforme los principios de legalidad e imparcialidad, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Sin embargo, García Ortiz, al demorar la presentación de la querella ante el Juzgado, «obedece a la voluntad de favorecer al partido que resultaba afectado de esta investigación, el PSOE, y que en plenas elecciones, sin ninguna duda resultaría afectado negativamente».
Además de la suspensión cautelar de las funciones de Fiscal General del Estado, Castro pide específicamente la suspensión de sus funciones en cuanto al conocido como «caso Kold». Y ha solicitado se le tome declaración, al igual que al fiscal Luis Pastor Motta. Además, requiere a Fiscalía que se acuerde la entrega de los correos y escritos presentados, incluidos las comunicaciones realizadas a través de la Secretaría técnica desde la elevación del borrador de 28 de junio de 2023, hasta la aprobación del escrito definitivo con su validación y que fue remitido finalmente al Juzgado Central de instrucción número 2.
Por último, ha pedido que se acuerde iniciar expediente disciplinario interno correspondiente para averiguar el motivo del retraso en la presentación de la querella relativa a las diligencias previas 65/2023 seguidas ante el Juzgado Central número 2 de instrucción de la Audiencia Nacional.
Esta denuncia se une a las acciones que el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ha preparado tras conocerse el retraso intencionado en la tramitación del Caso Koldo. En concreto, los diputados de la formación han exigido la comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños; el Fiscal General del Estado y del Fiscal jefe de la fiscalía especial contra la corrupción por la decisión de la Fiscalía de frenar el caso antes del 23-J.
