Redacción.- Valencia (España), martes 25 de enero de 2022. La Secretaría Jurídica de VOX, que dirige Marta Castro Fuentes, ha interpuesto este martes, ante la Fiscalía Provincial de Menores de Valencia, una denuncia contra la vicepresidente, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana por el partido separatista Compromís, Mónica Oltra Jarque, así como a la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia Mir, «por los delitos de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos», contemplado en el artículo 407 del Código Penal (CP) así como «por implicación en un delito de prostitución de menores», artículo 188 (CP).
La Vicesecretaría Nacional Jurídica de la tercera fuerza política en España se apoya en el informe presentado por el Defensor del Pueblo (Sindic de Greuges), que alerta de los abusos que sufrieron en torno a 175 menores, entre 13 y 17 años, bajo la tutela de la Comunidad Valenciana, 127 niñas y 48 niños.
Castro señala a la Fiscalía a Oltra como la máxima responsable de la tutela de estos menores al ostentar la vicepresidencia y la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la región. Además, es responsable directa de Gavidia.
Respecto a la dejación de funciones, VOX recuerda a la Fiscalía que fue el Sindic el que se ocupó de realizar la investigación y comprobación de datos obrantes en una queja, función que debería haber asumido la Consejería que dirige Oltra.
Y previene de que si se llegaron a realizar, «fueron inútiles» al no evitar que las menores sufrieran los abusos.
«Y como colofón, los responsables del cuidado de la integridad física y psíquica de las menores no han ejercitado ninguna acción encaminada a la investigación de estos penosos hechos», denuncia Castro.
A ello se suma la denuncia del Sindic de la intromisión por parte de la Consejería de Igualdad en sus labor de investigación.
Por todo ello, VOX ha solicitado a la Fiscalía que se llame a declarar a las dos denunciadas, y que se requieran los informes remitidos a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia sobre las inspecciones y medidas de control en los centros de las menores tuteladas que aparecen en el informe del Sindic.
