Redacción.- Madrid (España), martes 18 de enero de 2022. La jefa de la Vicesecretaría Jurídica de VOX, Marta Castro Fuentes, ha asistido este martes al careo entre los peritos auditores del caso de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, conocida como Plus Ultra, en los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. «La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)» que esgrimió hasta tres informes de entidades independientes -banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, consultora Deloitte y Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)- para defender el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, a la que el Gobierno de coalición de España del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón, en pleno estado de alarma del COVID concedieron 53 millones de euros a esta aerolínea y que finalmente la Fiscalía pidió el archivo del caso, «no hizo una análisis tan profundo sobre Plus Ultra como lo que ha hecho el perito judicial«. Así ha explicado Castro considerando que la juez tendrá que valorar nuevamente el caso con los nuevos informes sobre esas ayuda pública a una aerolínea salvada varias veces de la quiebra por empresarios venezolanos y una firma panameña.
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«Hemos practicado una prueba esencial que era el careo de los peritos. Han comparecido los peritos que auxiliaron a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -las diligencias para determinar si Plus Ultra reunía los requisitos para recibir las ayudas (públicas)».
«Y, por otro lado, el perito judicial, que ha hecho un examen muy minucioso, ha obtenido conclusiones que difieren radicalmente de los informes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales» que sí avalo el rescate de Plus Ultra con dinero de los impuestos de los españoles en plena crisis sanitaria del COVID.
«En este sentido, pues, ha sido muy interesante ver las contradicciones, en las que, yo creo que se ha puesto de manifiesto que (desde la) Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -es cierto que- ellos analizaron unos informes, hicieron una análisis no tan profundo como lo ha hecho el perito judicial que determina que ha fecha del 31 de diciembre de 2019, que es la fecha clave y esencial (del caso Plus Ultra), la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas estaba en causa de disolución. Es el primer motivo que (muestra que Plus Ultra) incumple los requisitos» para recibir ayudas públicas del dinero de los españoles.
«Además, hay otro motivo, que también incumpliría Plus Ultra, la viabilidad era ya de partida real. El perito judicial también lo considera. Y es cierto que los peritos de la SEPI invocan a que su análisis no fue tan profundo aunque consideraban que Plus Ultra cumplía los requisitos» para recibir subvenciones públicas de 53.000 de euros.
«En definitiva, la juez tendrá que valorar». «Nosotros» desde la Vicesecretaría Jurídica de VOX «vamos a hacer los próximos días un esfuerzo que creemos… se ha puesto de manifiesto muchas cuestiones que son muy… y merecen una visión por nuestra parte… una conclusión de lo que ha pasado hoy en Sala».
«Creemos que el asunto tiene que seguir avanzando. Creo que queda unas declaraciones esenciales para poder» decidir «si hay delito» en la concesión de ayudas a Plus Ultra «como puede ser la declaración del representante legal de Plus Ultra y también las de los representantes de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tomaron la decisión» que avaló el rescate de Plus Ultra con dinero público.
«Sin esas declaraciones me parece que la investigación queda, quizás, incompleta». «Y no deberíamos tomar decisiones precipitadas». «Ni siquiera un archivo del Caso o una continuación. Esa práctica de diligencia debe ser para ver ellos que manifiestan porque uno de los delitos que nosotros estamos imputando… directamente a Plus Ultra, que es disfrazar, no dar una imagen fiel del estado de la sociedad Plus Ultra para poder acceder a estas ayudas públicas».
ANTECEDENTES DEL CASO
Madrid, 10 de noviembre de 2021. Agencia Efe. La Fiscalía de Madrid pide el archivo de la causa sobre el rescate a Plus Ultra
La Fiscalía de Madrid ha pedido el archivo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, al considerar que el último informe pericial aportado a la causa no permite concluir que la compañía estuviera en crisis en el momento en el que recibió la ayuda.
En su escrito al juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía se remite a esta pericial, según la cual Plus Ultra cumpliría, por lo general, «con la práctica totalidad de las condiciones establecidas» por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conceder los préstamos
La decisión del Ministerio Público se produce a raíz del informe «Plus Ultra Líneas Aéreas S.L.», de Martín Molina Abogados y Economistas, encargado por el juzgado el pasado junio «con el fin de informar si la compañía cumplía en el momento de la concesión de la subvención pública la normativa aplicable».
Hasta entonces, recuerda la Fiscalía, el sumario contaba con dos informes de expertos independientes que, con base en la información aportada por registros públicos, avalaban la concesión de la ayuda.
A ambos se le suma ahora esta nueva pericia, la cual determina que «Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas, excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en ‘situación de crisis’ a 31 de diciembre de 2019».
Respecto a este punto, la fiscal expone que las dudas del perito sobre la situación patrimonial de la compañía a cierre de dicho ejercicio «se refieren a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia».
No obstante, el análisis efectuado por el experto contempla cuatro escenarios posibles, «dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis» en esa fecha.
En su opinión, ello evidenciaría que «al menos en esos casos, se cumpliría la totalidad de las condiciones establecidas».
LA AEROLÍNEA CELEBRA LA PETICIÓN
En una nota de prensa, Plus Ultra se muestra satisfecha con las alegaciones e insiste en que «ha acreditado de forma íntegra y transparente» toda la información y documentación necesaria para seguir los pasos y procesos exigidos para una financiación «sin la cual no hubiera podido continuar operando tras el impacto de la crisis de la covid-19».
La aerolínea reitera además que la SEPI «llevó a cabo un exhaustivo control de cumplimiento de todos los requisitos que el organismo exigía para acceder al rescate».
UNA AYUDA POLÉMICA
El pasado 9 de marzo el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Ello suscitó las críticas de sus competidores y de los partidos de la oposición.
Apenas un mes después, un juzgado de Madrid abría diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo por presunta malversación.
En el marco de esta investigación, la Justicia llegó a paralizar el segundo tramo de ayuda, por importe de 34 millones de euros, que acabó siendo desembolsado en agosto con el visto bueno de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia ha puesto en una situación difícil.
Es una compañía española que comenzó a operar en junio de 2015, con vuelos regulares de largo radio desde Madrid y Tenerife a diferentes destinos con aviones A340/300 y A340/600, y que da empleo directo a 345 personas y, de manera indirecta, a 2.500 personas.
