Redacción.- Barcelona (España), viernes 22 de julio de 2022. La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), cuyo primer objetivo es la equiparación salarial de los guardias civiles con el resto de cuerpos policiales autonómicos, confía en que la toma de declaración de esta mañana a los cuatro altos cargos de Sanidad en Cataluña inicie el proceso judicial para «encontrar y sancionar penalmente», si así corresponde, a los responsable de «retraso discriminatorio» con el que se «vacunó» frente al Covid 19 a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña.
«JUCIL busca con este proceso que sea la verdad la que resplandezca», ha explicado Milagros Cívico, responsable de JUCIL en Cataluña a las puertas del juzgado de Barcelona donde ha tenido lugar la declaración de los cuatro investigados.
«El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó claro en diciembre del año pasado que resultó ‘discriminatoria e injustificada’ la inacción mostrada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en el proceso de vacunación de los guardias civiles y policías nacionales destinados en esta comunidad autónoma», ha declarado Cívico.
Para JUCIL, estamos ante una inacción contraria al artículo 14 de la Constitución Española que determina la igualdad para todos los españoles por parte de cualquier administración pública; también la Generalidad de Cataluña, subraya. Dicho artículo dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», desprende de la Constitución española.
UN ACTO DE JUSTICIA
La líder de la entidad más importante en el Consejo de la Guardia Civil ha dicho que «este viernes somos participes no solo de un acto de justicia, porque somos escuchados los guardias civiles y policías nacionales por un juez, sino que también se reafirma la protección merecida a quienes contribuimos a defender a los catalanes en un momento crítico como el vivido en la pandemia».
JUCIL insiste en que «teníamos razón y así quedó demostrado, frente a unos políticos que utilizan de manera permanente la demagogia para intentar echarnos de esta región».
La sentencia del TSJC luego ratificada por el Tribunal Supremo precisaba que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña se ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones.
Ahora es tarea de la Justicia determinar si estos altos cargos del Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña, al frente de la Administración Sanitaria en Cataluña, deben depurar responsabilidades.
Cívico ha concretado que «sólo exigimos para los guardias civiles y para los policías nacionales igualdad de condiciones en el uso de un servicio, el de la sanidad pública que en España tiene carácter universal e igualitario y no puede ser trastocado, a su antojo, por cualquier responsable».
La responsable en Cataluña de JUCIL ha añadido que «hay que recordar que cuando se produjeron estos hechos, con cerca de un 80% de Mozos de Escuadra ‘vacunados’ y solamente un 5% de guardias civiles y policías en Cataluña, las muertes provocadas por el COVID 19 superaban el millar diario en España».
Para los guardias civiles, «alguien ha querido jugar con la salud de las personas, discriminando a unos grupos de otros y lo que queremos saber, imaginamos que también el tribunal, es por qué razones se llevaron a cabo estas diferencias de atención y de trato hacia unos grupos frente a otros que, recuerdo, según el propio TSJ no tienen motivos de carácter sanitario», ha concluido Milagros Cívico.
INVESTIGADOS CON PUESTO RELEVANTES EN SANIDAD PÚBLICA EN CATALUÑA
Los cuatro altos cargos llamados a declarar este viernes —y que solo han respondido a preguntas del juez y su abogada defensora— han sido porque ocupaban puestos relevantes dentro de la estructura del sistema sanitario catalán a la hora de tomar decisiones sobre la forma y el tiempo en el que se suministraban las vacunas, a qué personas se inoculaban y con qué cadencia y calendario, así como las personas y los grupos profesionales a los que se daba prioridad.
JUCIL espera que de las declaraciones de estos investigados quede claro si fueron ellos, u otros responsables, los que excluyeron de los cuerpos de seguridad que debían ser ‘vacunados’ todos aquellos que tenían un carácter nacional, o sea guardias civiles y policías nacionales y cuáles fueron las razones por las que se decidió que solamente se inocularían las ‘vacunas’ disponibles a los cuerpos de seguridad que tenían un carácter provincial o autonómico.
Las actuaciones puestas en marcha por JUCIL y el sindicato Justicia Policial (JUPOL), mayoritario en el Consejo de la Policía, tratan de determinar si a estos cuatro investigados son autores de una prevaricación administrativa. Es decir, si como funcionarios públicos, como autoridad, dictaron una resolución arbitraria.
Y que sean los jueces quienes decidan si se ha producido además un delito contra las normas de prevención de riesgos laborales porque tanto el TSJC como posteriormente el Tribunal Supremo han expresado en sus respectivos fallos que ni se tuvo en cuenta ni se facilitaron los medios para que estos trabajadores, es decir, guardias civiles y policías nacionales, desarrollaran su labor en Cataluña con las medidas de salud y de higiene adecuadas.
SOBRE JUCIL
La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) se creó en el 2018 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita y los del propio Instituto ante las instituciones y las administraciones públicas.
Nacida de Jusapol, el colectivo de policías y guardias civiles de toda España que demanda la equiparación salarial con las policías autonómicas, JUCIL cuenta en la actualidad con más de 13.000 afiliados y en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil de los días 26 y 27 de octubre de 2021 se ha convertido en la asociación más votada de las que se presentaban y la única con representación en dos de las cuatro escalas existentes.
JUCIL cuenta con 6 delegados de un total de 16 integrantes de este ente consultivo y está presente en todo el territorio nacional.
