Redacción.- Barcelona (España), miércoles 27 de abril de 2022. El Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Cataluña ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada recientemente por la cámara catalana, llamada «Ley de Emergencia Habitacional«.
En rueda de prensa, el portavoz Joan Garriga Doménech, ha explicado que los principales motivos por los que el partido recurre la ley son porque «genera desigualdad entre españoles, discrimina a los propietarios y no soluciona el drama de acceso a la vivienda».
Según Garriga, esta ley impone a los propietarios de viviendas en Cataluña a cumplir una serie obligaciones que no tendrán que cumplir el resto de españoles y «esto es intolerable y anticonstitucional».
El hecho de obligar a las empresas ofrecer un contrato de alquiler social, es, según la formación, contrario al principio de autonomía y al de libertad de empresa que establece la constitución, cuando es la administración la que tiene que ofrecer vivienda social.
Por otra parte, VOX considera que además, esta ley vulnera varios artículos como los que tienen relación con las competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal y sobre bases de las obligaciones contractuales.
Durante su exposición, Garriga ha señalado que «desde VOX creemos que el problema de la vivienda lo ha generado especialmente el Gobierno separatista».
«Falta vivienda de alquiler, los impuestos son muy altos, y falta vivienda social también», ha insistido. «En Cataluña se estima que hay unos 200 mil catalanes con necesidad de vivienda social, cuando existe solo un 2%, frente a la media europea que es del 9,3».
Para revertir esta situación, VOX propone una serie de medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna y estable que pasan principalmente por erradicar la ocupación y rebajar impuestos como el ITP para la compra de vivienda que actualmente se encuentra en el 10% y que dificulta la compra de vivienda.
Asimismo, VOX apuesta por implantar la prioridad nacional en la adjudicación de vivienda social por parte de las administraciones, incrementar los beneficios fiscales a las rentas de alquiler y destinar más dinero a construir vivienda social.
«Sus 1.000.000.000 son insuficientes. Nosotros podríamos doblarlos suprimiendo gasto ideológico y superfluo», ha asegurado finalmente el diputado.
