Redacción – El ex presidente antiespañol catalanista de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró, y los siguientes altos cargos de su entonces Gobierno regional: El consejero de presidencia, Francesc Homs; la vicepresidenta del gobierno, Joana Ortega; y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau; se van a sentar finalmente al banquillo de los acusados por organizar el golpe de Estado catalanista del pasado 9 de noviembre 2014 en Cataluña, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) de la patria. Concretamente, según el auto al que la agencia catalana de noticia ACN ha tenido acceso hoy, el juzgado ha cerrado hoy la instrucción de la causa del 9-N [toda la crónica sobre el caso 9N 2014 aquí] y concluyó que se debe seguir la acusación contra los separatistas Artur Mas Gavarró, Joana Ortega e Irene Rigau, por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. El magistrado envía la causa a juicio y ha acordado dar traslado a las partes para que soliciten la apertura y presentan los escritos de calificación, o bien el archivo de la causa. De este modo, ha desestimado la petición de archivo que habían solicitado las defensas de los investigados separatistas excluyentes: Artur Mas Gavarró, Joana Ortega e Irene Rigau. Barcelona (España), martes 28 de junio de 2016. Fotografía: El presidente catalanista antiespañol, Artur Mas Gavarró, ante la realidad del ‘NO’ rotundo de CUP en el Parlamento catalán; un ‘NO’ que le mandó a su caso para siempre. Archivo Reuters.
El jutge tanca instrucció del 9-N i manté les acusacions contra Mas, Ortega i Rigau per desobediència i prevaricació https://t.co/ZnGKCuPfj4
— ACN (@agenciaacn) 28 de junio de 2016
Admisión a trámite por (TSJC) el pasado jueves 8 de enero 2015 con 15 años de inhabilitación y 2 años sin sueldo
El pasado 8 de enero 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comenzó a notificar los autos de admisión a trámite de las diversas querellas y denuncias presentadas contra el golpe separatista del 9N. Básicamente aceptó entera la querella de la Fiscalía de Cataluña y parcialmente las interpuestas por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias; la querella presentada por la nueva formación política liderada por Santiago Abascal Conde, VOX; la querella del Partido liderado por Rosa María Díez González, UPyD; la querella presentada por la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, del abogado Emilio Rodríguez Menéndez; y finalmente la querella presentada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión federal de Policía.
Los autos están firmadas por seis magistrados y afirman que la investigación se centrará principalmente en los preparativos del «Proceso Participativo» -nombre que los golpistas dieron a su ataque a la soberanía del pueblo español-, pero sólo aquellos actos administrativos realizados entre el 4 y el 10 de noviembre 2014. Así, el (TSJC) consideró aquel entonces que el golpe de Artur Mas a la democracia de la patria inicialmente planteado se canceló a raíz de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC) el pasado 29 de septiembre 2014. Así mismo, aseguró en su escrito que ninguno de los actos administrativos posteriores a esa fecha supusieron una desobediencia de la primera resolución del TC.
Artur Mas y su Gobierno antiespañol al banquillos de los acusados por prevaricación, desobediencia, etc.
En un auto de 39 páginas, el juez de instrucción concluye que los tres separatistas catalanistas investigados, Mas, Ortega e Rigau, siguieron adelante con los preparativos del golpe del 9-N después de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre. «De la instrucción ha resultado que la organización, la preparación y el desarrollo de la consulta no se llevó a cabo sólo a través de voluntarios, sino que jugaron un papel relevante contratistas privados, que prestaron servicios abonados con recursos financieros públicos«, considera el magistrado en su escrito.
El juez detalla algunas de las actuaciones que se hicieron después del 4 de noviembre 2014 y que llevaron a cabo contratistas privados «con el conocimiento y acuerdo de los tres investigados». Actuaciones relacionadas con la página web oficial encargada por Gobernación, que «contenía el logotipo de la Generalidad de Cataluña»; el encargo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) a una empresa de tres programas informáticos para la recogida de datos el día de la votación; la recogida y distribución del material elaborado por el Centro de iniciativas para la reinserción (CIRE) necesario para la votación, tales como urnas, sobres o papeletas; o la instalación de un centro de prensa.
El juez instructor asegura que Artur Mas engañó a los catalanes con que el golpe del 9N quedaba en manos de los voluntarios; no fue así dice el fiscal
Así, aunque los separatistas Mas, Ortega y Rigau declararon ante el TSJC que el proceso quedó en manos de los voluntarios después de la providencia emitida por el TC, el instructor concluye que no fue así. Además, recuerda que Artur Mas Gavarró recibió una comunicación por parte de presidente del Tribunal Constitucional d ela patria en que se le indicaba la suspensión de la convocatoria del golpe de Estado del 9-N y que las separatistas de su gobierno: Rigau y Ortega recibieron también otra comunicación de la Delegación del Gobierno de la Nación en Cataluña en que se indicaba que adoptar acuerdos como la puesta a disposición de los centros educativos podía contravenir la resolución adoptada por el TC.
El juez cree que los tres investigados se negaron «abiertamente» y de forma «intencional y consciente» a dar cumplimiento al mandato del TC, «a diferencia de lo que sostienen las defensas». El juez considera que Mas conocía desde el día 4 de noviembre la decisión del Tribunal Constitucional «por la que había de dejar sin efecto la convocatoria del 9-N» y «detener todos aquellos procedimientos en los diferentes departamentos».
Según el fisca, Artur Mas «consintió y no paralizar los diferentes procedimientos de contratación -del 9N 2014-, algunos de carácter tanto evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc»
En cambio, concluye que el ex presidente separatista de la Generalidad de Cataluña «consintió y no paralizar los diferentes procedimientos de contratación, algunos de carácter tanto evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc». Según el magistrado, sin la intervención de contratistas privados contratados por la Generalitat después del 4 de noviembre, «y en especial durante los días 7,8 y 9 de noviembre», el proceso participativo «no se habría podido llevar a cabo».
En cuanto a la ex vicepresidenta del gobierno de Artur Mas Gavarró, Joana Ortega, el magistrado destaca, entre otros, que contrató un suplemento de seguro de accidentes para los voluntarios y encargó «la arquitectura informática necesaria para que la jornada del 9-N fuera operativa».
Además, constata el magistrado que fue la ex vicepresidenta quien «dar publicidad» de los resultados obtenidos desde el centro de prensa internacional durante la jornada del golpe que dejó desamparada a toda España.
La consejera de Enseñanza de Artur Mas participó activamente al golpe del 9N
Sobre la ex consejera de Enseñanza d ela Generalidad de Cataluña, Irene Rigau, el juez considera que actuó «de manera coordinada» con los otros investigados. Concluye que Rigau «procuró, mediante los jefes de servicios territoriales, que los directores de institutos los cedieran para su apertura como puntos de votación», y posibilitar que los días 7 y 8 de noviembre «se instala instalaran ordenadores, el software necesario y el material para proceder a la votación».
En el auto, el magistrado recoge que Enseñanza no dio instrucciones por escrito a los directores de institutos, sino verbales, entre las cuales, «entregar las llaves a los servicios territoriales» si no querían participar.
El consejero de presidencia de Artur Mas investigado por el TS por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos
Por otra parte, el Tribunal Supremo de la Nación (TS) tiene abierto un procedimiento judicial contra el ex consejero de Presidencia del gobierno de Artur Mas y actual diputado electo en el Congreso de los Diputados desde el pasado domingo 26 de junio 2016, Francesc Homs, por el golpe del 9-N 2014.
Francesc Homs está siendo investigado por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos y la causa contra él se trasladó al Tribunal Supremo por su condición de aforado como diputado en el Congreso. El TSJC se quedó el resto de la causa que afecta el separatista Francesc Homs, sobre la que ahora se ha archivado la instrucción.
Artur Mas, Ortega y Rigau sentarán con toda probabilidad en el banquillo por el proceso participativo del 9-N
En su auto, el juez abre un plazo de 10 días para que la Fiscalía y la acusación popular soliciten la apertura de juicio oral formulando sus escritos de acusación, o bien el archivo de la causa. De este modo, Mas, Ortega y Rigau sentarán con toda probabilidad en el banquillo por el proceso participativo del 9-N, porque nada hace prever que las acusaciones pidan el archivo de la causa.
Por su parte, los abogados de la defensa tienen 5 días para presentar un recurso de apelación en contra del auto del fiscal.
