Lasvocesdelpueblo y Agencias – Según el informe, el presunto delincuente mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, sería el brazo ejecutor del plan separatista. Mientras ANC y Ómnium Cultural están «en una posición decisoria similar» a la que ostenta la cúpula del Gobierno catalán. «Forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar». Según la juez, «en la estrategia diseñada, su actividad», tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la Ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias separatistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que «comulgaba con la tesis soberanista». Madrid (España), miércoles 11 de octubre de 2017. Fotografía: En la Imagen, El mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, que acudirá a la reunión de mandos policiales que la Fiscalía ha convocado para mañana, miércoles 27 de septiembre de 2017, para coordinar las actuaciones encaminadas a evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Archivo Efe.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado de nuevo para el próximo lunes día 16 al jefe de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, y a los líderes de entidades separatistas en Cataluña, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que investiga por un delito de sedición, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Todos ellos acudieron ya a declarar como investigados el pasado 6 de octubre por el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre y quedaron en libertad al no pedir la Fiscalía medidas cautelares a la espera de que los imputados conocieran un nuevo atestado aportado ese mismo día por la Guardia Civil y que ampliaba la investigación al 1-O.
También ha sido citada la intendente de los Mozos de Escuadra, Teresa Laplana, que el pasado viernes pidió declarar por videoconferencia por problemas de salud, y tres testigos: la secretaria judicial que asistió al registro de la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, y que, ante el asedio, tuvo que salir del edificio por un teatro anexo camuflada entre el público, y dos guardias civiles.
En ese nuevo atestado, la Guardia Civil acusa a Trapero de inacción en el referéndum del 1-O en Cataluña y de responder con ello a un plan premeditado «en conexión directa» con el presidente y el vicepresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.
Para la Guardia Civil «es evidente» que esa inacción no pudo recaer en la voluntad individual de agentes, sino que «más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de Mozos de Escuadra», comandada por Trapero «y en conexión directa con miembros del comité estratégico», entre ellos Puigdemont y Junqueras.
Trapero fue el único que el viernes quiso prestar declaración pese a la llegada de ese nuevo informe y defendió ante la jueza que la actuación del cuerpo en el asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre fue «correcta y necesaria» y ha denunciado que no se les avisó «con suficiente antelación».
Lamela les ha citado a todos ellos el lunes a partir de las 9.00 horas tras notificar un auto rechazando la declinatoria de competencia que Sánchez y Cuixart plantearon a favor de los juzgados de Barcelona, y en el que destaca que los hechos ocurridos el 20 de septiembre y durante el 1-O no fueron «aislados» sino que forman parte de una hoja de ruta para la independencia en la que juegan un papel «esencial» la ANC y Ómnium Cultural.
Según la juez, «en la estrategia diseñada, su actividad -la de Sánchez y Cuixart-, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la Ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que «comulgaba con la tesis soberanista».
Recuerda Lamela que al admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía por el asedio a la Guardia Civil durante los registros del 20 de septiembre para impedir el 1-O ya dijo que si bien todos los delitos de sedición no son competencia de la Audiencia Nacional, en este caso sí lo era porque suponía «un ataque a la forma de gobierno», delito del que sí es competente este tribunal.
A esto añade ahora que los hechos no son aislados, «como quieren hacer parecer las partes que proponen la cuestión de competencia, sino que se enmarcan dentro de una estrategia compleja» en la que colaboran Cuixart y Sánchez «en ejecución de la hoja de ruta diseñada para obtener la independencia de Cataluña».
Considera además que ambos «forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar», tal y como señalaba la Guardia Civil en el último atestado.
El informe policial considera que Sánchez y Cuixart están «en una posición decisoria similar» a la que ostenta la cúpula del Gobierno catalán, mientras el mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, sería el brazo ejecutor del plan separatista.
