Madrid, jueves 8 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- María del Carmen Abascal, la anciana de 87 años conocida popularmente como «Maricarmen», cuyo desahucio civil el pasado miércoles 23 de septiembre de 2026 en Madrid desencadenó una agresiva campaña de agitación callejera e instrumentalización por parte de los colectivos zurdos, ha muerto esta semana tras permanecer quince días hospitalizada en el complejo clínico Gregorio Marañón, según ha informado la organización ultra Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid a través de un comunicado emitido a las 8:53 p. m. del miércoles, 7 de octubre de 2026. El fallecimiento ha desatado de inmediato una masiva tormenta de especulaciones y sospechas en las plataformas digitales (Instagram y X) sobre la verdadera causa de la muerte de Maricarmen, debido al absoluto y deliberado silencio informativo mantenido tanto por las terminales de agitación de la izquierda radical como por la Agencia EFE, que se ha limitado a replicar el comunicado de la organización sin aportar un solo dato sobre las causas médicas o clínicas del deceso.
La opacidad en el anuncio ha indignado a miles de usuarios en las redes sociales, quienes critican que las plataformas ultraizquierdistas han despachado la muerte de la anciana con un texto escueto de apenas tres frases con fines propagandísticos, acompañado de una esquela gráfica de color negro donde figuran impresas las fechas de nacimiento y defunción de la afectada (2/11/1938 – 7/10/2026). El polémico comunicado textual reza de forma íntegra lo siguiente: «Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. «Un día aquí en Madrid, nos fuimos a juntar a defender las casas que nos quieren robar. Maricarmen no estás sola, nada nos detendrá. El Sindicato es familia, lo vamos a luchar»». Para amplios sectores digitales, esta llamativa publicación demuestra que la plataforma ultraizquierdista ha utilizado a la anciana como una «goma de mascar» mediática para agitar el fantasma de la huelga general y, tras su muerte, la escupe de manera fría para saltar de inmediato hacia la siguiente figura que nutra su estrategia de conflicto callejero, coronando la esquela con la cita: «»Luchad por lo que es vuestro». Gracias por todo». Las especulaciones en las redes van mucho más allá y relacionan el inquietante oscurantismo sobre la muerte de Maricarmen con las turbias maniobras de la «fontanería» del Partido Socialista (PSOE), llegando a vincular las sospechas con los recientes escándalos destapados por la Guardia Civil sobre los planes de la cloaca de Moncloa para «eliminar» a jueces independientes. Multitud de perfiles alertan de que el sanchismo y el bloque comunista de Sumar preparan un uso puramente sentimental, demagógico y macabro de los restos de Maricarmen para desplegar una campaña de victimismo durante la inminente carrera electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 (29N).
Antes de su trágico final, el partido Vox ya había difundido un revelador corte de vídeo extraído de una entrevista en directo ofrecida por la propia Maricarmen al medio público Radiotelevisión Española (RTVE) el pasado miércoles 23 de septiembre de 2026. En dicha entrevista formal, grabada por los servicios informativos de la cadena en el salón de su domicilio, la anciana desmanteló por completo el relato victimista y la manipulación de la izquierda al señalar de forma directa y en primera persona al verdadero responsable de la crisis habitacional de España. Al ser preguntada explícitamente por la periodista: «¿A quién responsabilizas tú de todo lo que te está pasando?», Maricarmen respondió con absoluta nitidez frente a los micrófonos: «A Pedro Sánchez».
En la misma conversación con RTVE, la anciana exfuncionaria del Estado argumentó con severidad su acusación, manifestando que el jefe del Ejecutivo socialcomunista permanece totalmente ajeno a las consecuencias de sus medidas intervencionistas. «No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios. No se entera, o no quiere enterarse», sentenció Maricarmen desde su silla de ruedas, rompiendo de manera irreversible el esquema propagandístico de la izquierda que pretendía utilizar su vulnerabilidad para exculpar la gestión del Gobierno de coalición de La Moncloa.
El calvario de Maricarmen en el madrileño distrito de El Retiro —una de las zonas residenciales más caras y lujosas de Madrid— devela las contradicciones de una burda instrumentalización ideológica. La mujer residía en un piso de 92 metros cuadrados en la calle Alcalde Sainz de Baranda bajo un contrato blindado de renta antigua que databa de la época de sus padres y por el cual abonaba una cuota irrisoria inferior a los 500 euros mensuales, mientras los precios reales de mercado en esa zona premium superaban ampliamente los 2.000 euros. Maricarmen, que disfrutaba de una desahogada pensión de jubilación del Estado superior a los 1.400 euros mensuales y contaba con un patrimonio personal estable, distaba mucho de cumplir con los baremos de vulnerabilidad económica extrema. Sin embargo, su devaluación sistemática a aceptar los realojamientos inmediatos en plazas residenciales ofrecidos por los servicios sociales de la Comunidad de Madrid y las propuestas de particulares que se ofreciéron a costearle un alquiler libre —siguiendo las directrices del Sindicato de Inquilinas, que la presionaba para resistir y forzar el choque mediático— la abocaron al desahucio material en el cuarto intento judicial. Su desalojo en camilla y posterior ingreso en el hospital Gregorio Marañón fue convertido por los colectivos comunistas en el detonante de una acampada ilegal en la Puerta del Sol y en la coartada para que el Consejo de Ministros aprobara dos reales decretos leyes sobre vivienda de corte expropiatorio, los cuales intervenían los bienes privados de los propietarios y amparaban la inquiokupación bajo el rótulo de «escudo social». Dichos decretos de emergencia, concebidos de forma chapucera, acabaron siendo derogados de manera fulminante por la mayoría democrática del Congreso de los Diputados el pasado viernes 2 de octubre de 2026.
Las alarmas y especulaciones vertidas por los ciudadanos en las plataformas digitales sobre la capacidad operativa de la «fontanería» socialista cobran fuerza a colación de los gravísimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados en la Audiencia Nacional. Las investigaciones judiciales han acreditado indicios de una trama criminal auspiciada por la exmilitante del PSOE María Leire Díez Castro para desestabilizar los tribunales de justicia independientes mediante métodos estrictamente mafiosos.
Según consta en las diligencias procesales, este grupo de fontanería política llegó a entablar contactos directos con el crimen organizado y capos del narcotráfico de Badajoz, de manera específica con el clan de «Los Rochos» y redes dirigidas por el delincuente de la banda conocido como «El Gitano». El objetivo de estos encuentros clandestinos era transmitir un mandato directo e imperativo para «eliminar» físicamente a la magistrada instructora decana de Badajoz, Beatriz Biedma Rojano, con el indiscutible fin de truncar la causa por corrupción y prevaricación económica que dirigía contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón.
Los atestados de la Guardia Civil confirman que la red mafiosa entregó a los delincuentes un detallado informe de seguimiento ilegal que incluía la dirección postal del domicilio de la juez, las placas de matrícula de su vehículo, sus rutinas familiares y fotografías íntimas captadas sin su consentimiento en su gimnasio privado. A cambio de ejecutar la agresión o amedrentar de forma violenta a la autoridad judicial, los emisarios vinculados a la fontanería socialista prometieron de forma literal a los clanes del narcotráfico que la Fiscalía General del Estado procedería al archivo exprés y a la retirada inmediata de todas las graves acusaciones y penas de prisión que pesaban sobre sus miembros en Extremadura.
Ante la gravedad del asedio criminal, la propia magistrada Beatriz Biedma Rojano se personó formalmente ante la Audiencia Nacional como acusación particular, calificando de un «absoluto infierno» el hostigamiento instigado desde las estructuras del poder político. La secuencia temporal de las amenazas públicas vertidas en canales difamatorios de YouTube administrados por los querellados incluyó advertencias explícitas hacia el colegio al que asistían los hijos menores de la magistrada bajo la consigna de: «Te van a venir más sorpresitas». El hecho de que un miembro de la banda delictiva fuera asesinado a tiros en Badajoz en pleno curso de la instrucción del hermano del presidente ha elevado al máximo el temor de los ciudadanos sobre el uso de la violencia institucional por parte de un régimen acorralado.
Este clima de devaluación institucional y sospecha generalizada rodea la convocatoria de las elecciones generales del 29N, donde el presidente Pedro Sánchez y las siglas del PSOE comparecen cercados por múltiples procedimientos de corrupción económica, tráfico de influencias, revelación de secretos y organización criminal que salpican al núcleo familiar de La Moncloa y a la cúpula de varios ministerios del Estado. Los analistas y la opinión pública recuerdan que los ocho años de poder ininterrumpido del sanchismo dejan un balance trágico e histórico de catástrofes y desatención social en España, destacando el primer gran apagón energético de la historia reciente provocado por el fanatismo climático del Ejecutivo, el mortal accidente ferroviario de Adamuz, el devastador incendio de la isla de La Palma y la catastrófica gestión de la DANA en Valencia, donde el Gobierno central escatimó el envío del Ejército y de los servicios de emergencia estatales por puros cálculos políticos de oportunidad.
El colapso operativo de la nación se completa con cuatro años consecutivos de incapacidad gubernamental para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, manteniendo al país en una parálisis financiera permanente mientras el sanchismo sobrevive de manera artificial mediante pactos inconfesables, amnistías e impunidad judicial otorgada a los separatistas catalanes y a los filoterroristas de la banda vasca criminal ETA a cambio de sus votos en el Parlamento.