Corrupción: Citada a declarar la gerente del PSOE Ana María Fuentes

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), FECHA RELACIONADA CON EL CONTENIDO: 14 DE JULIO DE 2026. Corrupción: Citada a declarar la gerente del PSOE Ana María Fuentes. Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE en la comisión Koldo del Senado. Efe
FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), FECHA RELACIONADA CON EL CONTENIDO: 14 DE JULIO DE 2026. Corrupción: Citada a declarar la gerente del PSOE Ana María Fuentes. Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE en la comisión Koldo del Senado. Efe

Madrid (España), martes 14 de julio de 2026 (Efe).-El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que instruye el caso Leire ha citado como investigados para el próximo 9 de septiembre a la gerente del PSOE Ana María Fuentes y al abogado Ismael Oliver, vinculado con el partido y que fue letrado del exasesor ministerial Koldo García.

Pedraz ha dictado una providencia en la que acuerda estas nuevas citaciones en la causa que se sigue contra una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el dinero utilizado para pagar los gastos del grupo presuntamente liderado por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez, así como sus necesidades logísticas o de personal, provino «de un mismo origen: el PSOE».

En «muchos» casos, los investigadores creen que se habrían empleado sociedades interpuestas y facturación mendaz para camuflar el verdadero origen de los pagos. Por ejemplo los 27.225 euros que Díez habría obtenido de una empresa del abogado Ismael Oliver, Oliver Gruppe. Sospecha el magistrado que Oliver habría servido de «vehículo» de los pagos a Leire Díez a través de sus sociedades.

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Por su parte, Fuentes está investigada por una presunta intervención auxiliar, ya que se le atribuye haber emitido «mendaces notas de encargo» para posibilitar pagos del PSOE a dos letrados investigados, Jacobo Teijelo y Oliver, lo que constituiría un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

De esta forma, recalca el juez, la investigación «la sitúa más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos».