León (Castilla y León) Reino de España, lunes 17 de marzo de 2025 (Lasvocesdelpueblo). Un grupo de exsecretarios provinciales de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) han presentado una denuncia formal ante el Juzgado de Instrucción de León, ciudad donde está inscrita esta asociación contra el secretario general de la organización, Ernesto Vilariño, a quien señalan como posible autor de presuntos delitos de apropiación indebida, fraude, falsificación de documentos y administración desleal en la gestión de los fondos de esta asociación profesional de guardias civiles.
Los denunciantes afirman -según ha confirmado unos de los afectados en una conversación esta tarde con Lasvocesdelpueblo- que «el secretario general», Ernesto Vilariño, «ha utilizado dinero de la asociación para gastos personales, ha alterado registros contables y ha ocultado información sobre el estado financiero de JUCIL, lo que ha generado una profunda crisis interna en la entidad».
Gastos personales con dinero de la asociación
La denuncia recoge numerosas irregularidades en la gestión económica, entre ellas, destacan:
- Uso de la tarjeta corporativa de JUCIL para cubrir gastos personales, incluyendo alojamiento en hoteles, restaurantes y compras en comercios no relacionados con la actividad de la asociación.
- Manipulación de los registros contables para justificar gastos personales como reuniones de trabajo.
- Duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación en la actividad de la organización.
- Omisión de ciertos gastos en los informes contables oficiales, impidiendo su correcta fiscalización.
Uno de los casos más significativos es un viaje a Sevilla en octubre de 2022, en el que el secretario general de JUCIL habría cargado 515,47 euros a la asociación en concepto de alojamiento en el Hotel Don Paco y comidas en restaurantes. El gasto fue registrado como «reuniones», pero no hay constancia de que se realizará ninguna reunión oficial en dicha ciudad.
La denuncia destaca una compra en Joyería Diamant por valor de 20 euros, que fue registrada en las cuentas bajo el concepto de «manutención», así como un pago de 235,52 euros en un restaurante de Madrid del que no existe registro contable oficial, a pesar de que los asistentes habrían abonado la comida en metálico directamente al secretario general.
«21 secretarios provincias pedimos la dimisión del secretario general de JUCIL Ernesto Vilariño»
Petición de pruebas y medidas judiciales
Los denunciantes han solicitado al Juzgado de Instrucción de León la realización de diligencias de investigación, entre ellas:
- Declaración del secretario general de JUCIL en calidad de denunciado.
- Entrega de los libros contables y facturas de 2022, 2023 y 2024 de la asociación para su análisis.
- Investigación sobre posibles cobros irregulares de dietas por parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de JUCIL, para lo que se solicita que se libre oficio a la Dirección General de la Guardia Civil a fin de que informe o certifique si, tanto el secretario general, como el resto de componentes del Comité Ejecutivo Nacional, así como vocales del Consejo de la Guardia Civil, han solicitado dietas con motivo de sus comisiones de servicio en Madrid, las que sean con ocasión de su asistencia a actos del consejo de la Guardia Civil (grupos de trabajo, comisiones preparatorias, igualdad, normativa, riesgos laborales y sesiones plenarias), así como todos aquellos actos a los que haya sido convocado el secretario general de la asociación, al objeto de verificar si también han sido cargadas a los fondos de la asociación.
- Declaración de testigos que puedan aportar información sobre la gestión económica de la asociación.
Asimismo, se ha solicitado la adopción de medidas cautelares para evitar la posible destrucción de documentos o la manipulación de pruebas durante la instrucción del caso.
Una crisis sin precedentes en JUCIL
Esta denuncia se enmarca en la grave crisis interna que atraviesa JUCIL desde diciembre de 2024, cuando más de 20 secretarías provinciales exigieron la dimisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por su falta de transparencia y la reforma estatutaria que blinda a la dirección y dificulta su destitución.
La asociación ha vivido desde entonces un fuerte conflicto entre su cúpula y las bases, con la dimisión de miembros clave del equipo directivo, solicitudes de análisis de las cuentas y una creciente presión de los afiliados para recuperar los principios de transparencia y gestión responsable con los que nació JUCIL.
«No podemos permitir que los fondos de una asociación que representa a los guardias civiles sean utilizados sin control ni justificación. Exigimos que se esclarezcan los hechos y que los responsables asuman sus consecuencias”, han declarado los denunciantes.
La justicia deberá ahora determinar si existen indicios suficientes para abrir diligencias contra el secretario general y otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional, en un caso que podría suponer un golpe definitivo a la actual dirección de JUCIL y marcar un punto de inflexión en el futuro de la asociación.
