La formación de Albert Rivera, Ciudadanos (C’s) en Madrid «presidirá la primera Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de los últimos 10 años en la Comunidad» de Madrid Así lo ha anunciado el líder de Ciudadanos en la comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, durante la rueda de prensa posterior al registro en la Asamblea del documento. Aguado ha recordado que su partido «ha impulsado la creación de esta Comisión con el apoyo de los 27 diputados de Podemos y los 37 diputados del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, (PSOE). <Fotografía: (Izquierda) Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid; (Centre) Ángel Gabilondo, portavoz del grupo parlamentario de PSOE en la Asamblea de Madrid; (Derecha) José Manuel López Rodrigo, portavoz del grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, tras el acuerdo sobre la Comisión de Investigación sobre la Corrupción de los últimos 10 años en la Comunidad de Madrid>.
El Ignacio Aguado ha dicho que esta Comisión de Investigación, que comenzará sus trabajos el próximo mes de octubre, servirá para «determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de prácticas irregulares en la administración autonómica» y ha declarado que «su funcionamiento estará fundamentalmente ligado a la Comisión de Estudio, acordada también tanto con PSOE como con Podemos».
«Esta Comisión de Estudio también servirá para realizar el seguimiento de la auditoría encargada por el gobierno regional, tal y como figura en uno de los puntos del acuerdo de investidura», ha añadido el líder de Ciudadanos en Madrid.
Aguado ha detallado algunos de los objetivos de dicha comisión, entre los que destacan «el estudio de los sistemas de concesión-colaboración de hospitales y servicios derivados a la iniciativa privada; la evaluación de la organización de los procedimientos de contratación de suministros, equipamientos y otro material sanitario; la evaluación de los sistemas de facturación intercentros, con especial detalle de los que tienen lugar entre centros sanitarios públicos y privados; así como la de los impactos sobre el coste para la administración pública madrileña de los convenios de cesión de uso de suelo público para iniciativas educativas privadas», dijo Aguado.
