Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) asegura: «No pueden coexistir dos ordenamientos jurídicos paralelos». Por lo tanto, ha dicho, «un funcionario de la Generalidad de Cataluña (policías, administración general del Estado, administrativos, médicos, etc.) tiene que acatar la Constitución y el Estatuto», de forma que si cumpliera una «orden ilegal cometería una infracción» y «dependiendo del grado de la infracción podría perder incluso su nombramiento». Barcelona (España), lunes 22 de mayo de 2017. Fotografía: El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo (i), junto al presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra (c) y el presidente del CSIF en Cataluña, Joan Escailla (d), durante la reunión que han mantenido hoy en Barcelona para analizar la situación del funcionariado catalán ante el proceso separatista de Juntos Por El Sí y CUP. Efe.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado hoy que es «imposible» el trasvase automático de funcionarios del Estado a la Generalidad de Cataluña, ha advertido de que un empleado público catalán que infrinja la Constitución «puede perder su nombramiento».
Tras reunirse en Barcelona con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, Borra ha salido al paso de un borrador de la ley de transitoriedad jurídica, impulsado por Juntos Por El Sí (ERC y CDC) y CUP y al que ha tenido acceso el diario ‘El País’, que prevé separar jurídicamente Cataluña del resto de España.
Según este borrador, en caso de separación de Cataluña del resto de España, el gobierno separatista de Carles Puigdmont, Oriol Junqueras y Raúl Romera con la batasuna catalana (CUP) asumiría a los 29.000 trabajadores públicos del Estado en Cataluña y se establecería la obligación para policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo.
«Es imposible que un funcionario o personal laboral de la administración general del Estado pase de manera automática a depender de otro empleador distinto como es el gobierno catalán», ha subrayado Borra, que ha alegado que este trasvase «no está recogido en el ordenamiento jurídico español».
Para Borra, en lo que respecta a los empleados públicos de la administración general del Estado, esta previsión «es sencillamente imposible» y además representa una «amenaza».
Borra ha recalcado que «tanto el estatuto básico del empleado público como la ley de función pública catalana reconocen como falta muy grave no acatar la Constitución y no respetar los Estatutos de Autonomía».
Por lo tanto, ha dicho, «un funcionario de la Generalitat tiene que acatar la Constitución y el Estatuto», de forma que si cumpliera una «orden ilegal cometería una infracción» y «dependiendo del grado de la infracción podría perder incluso su nombramiento».
«No pueden coexistir dos ordenamientos jurídicos paralelos», ha remarcado Borra, que considera que obligar a jueces y policías a tener la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo implicaría «una situación que no tiene ningún viso de legalidad jurídica».
CSIF, que según ha destacado Borra es el sindicato mayoritario en la administración general del Estado, ya ha pedido «aclaraciones» al gobierno catalán, que hoy ha sugerido que este borrador de la ley de transitoriedad jurídica que prevén impulsar Juntos Por El Sí (ERC y CDC) y la batasuna catalana (CUP) está «desfasado».
Según Borra, Millo les ha trasladado el mismo «mensaje de tranquilidad» que les transmitió en un reciente encuentro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
«El Gobierno no dejará desamparado a ningún empleado público que cumpla con la Constitución y con el Estatuto y dará amparo legal a aquellos empleados públicos que se nieguen a acometer órdenes susceptibles de ser ilegales», ha celebrado Borra, que ha trasladado a Millo su «preocupación por la situación en la que se pueden encontrar los empleados públicos en Cataluña».
Borra ha recordado que su sindicato ofrece un «protocolo para que los funcionarios que prestan sus servicios en Cataluña tengan una herramienta para poder denunciar cuando reciban una orden susceptible de ser ilegal», pidiendo la orden por escrito y presentando luego una denuncia ante diferentes instancias.
En la reunión con Millo, también han abordado los problemas en el control de pasaportes en el aeropuerto de El Prat de Barcelona y, en este sentido, Borra ha pedido analizar las causas de que Cataluña sea «una de las comunidades autónomas donde más empleados públicos piden el traslado».
