Efe – La sesión del martes se ha reservado a mandos policiales vinculados a los dispositivos para impedir el referéndum: además de Diego Pérez de los Cobos, testificarán ante el Tribunal Supremo Sebastián Trapote, que era el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña durante el 1-O, así como exresponsable de la Guardia Civil en esta comunidad Ángel Gozalo. Entre el miércoles por la tarde y la jornada del jueves está previsto que sean interrogados una decena de testigos relacionados con la organización del referéndum, entre ellos publicistas o técnicos que recibieron supuestos encargos del Govern para el 1-O, o cargos de la Generalitat vinculados a la logística de la votación. Madrid (España), domingo 3 de marzo de 2019.
El juicio del «procés» entra esta semana de lleno en la gestión policial del 20S y del 1-O, con la declaración del alto cargo de Interior que coordinó el dispositivo contra el referéndum y de mandos policiales, además de la secretaria judicial que abandonó por una azotea el registro en Economía.
En la cuarta semana del juicio, la ronda de testificales la abrirá mañana José Antonio Nieto, que era secretario de Estado de Seguridad cuando la coordinación del dispositivo policial para impedir el 1-O la asumió el coronel de la Guardia Civil y exalto cargo del Ministerio de Interior Diego Pérez de los Cobos, quien declarará el martes.
Además de Nieto, para mañana está programada la declaración de Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio de Interior y que fue el máximo responsable político del Departamento de Interior durante los meses en que estuvo activo el artículo 155 de la Constitución.
La sesión del martes se ha reservado a mandos policiales vinculados a los dispositivos para impedir el referéndum: además de Diego Pérez de los Cobos, testificarán ante el Tribunal Supremo Sebastián Trapote, que era el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña durante el 1-O, así como exresponsable de la Guardia Civil en esta comunidad Ángel Gozalo.
También declararán ese día mandos de la policía catalana, el jefe de la comisaría general de Información de los Mossos, Manuel Castellví, así como los comisarios Emilio Quevedo y Cristina Manresa, que están siendo investigados por juzgados catalanes por supuesta pasividad de la policía catalana ante el 1-O.
Para el próximo miércoles se espera la testifical de Montserrat del Toro, secretaria del juzgado que ordenó el registro del 20S en el Departamento de Economía y que declaró que, ante la hostilidad de los manifestantes, tuvo que abandonar el edificio por la azotea, acción que se ha convertido en una de las principales pruebas de cargo en que la Fiscalía sustenta su acusación de rebelión.
También por su relación con el presunto acoso que las acusaciones creen sufrieron los policías y guardias civiles destinados a Cataluña el 1-O declararán el miércoles los propietarios de dos hoteles de Reus (Tarragona) y Figueres (Girona) que hospedaron a algunos de los agentes.
Lo hará además ese día Pedro Buil, capitán de la Marina Mercante que declarará sobre los supuestos impedimentos para que los buques que trasladaban a los policías y guardias civiles del 1-O atracaran en puertos catalanes.
Las testificales de la semana incluyen asimismo a varios cargos políticos relacionados con el «procés», como Enric Millo, que el 1-O era delegado del Gobierno en Cataluña, y la exconsellera de Presidencia Neus Munté, que abandonó el Govern mes y medio antes del referéndum, en la última remodelación del ejecutivo emprendida por Carles Puigdemont.
En relación con el papel de la cámara catalana en el «procés» serán interrogados mañana el presidente del Parlament, Roger Torrent; el secretario segundo de la Mesa, el socialista David Pérez, así como el exletrado mayor y el exsecretario general de la cámara catalana, Antonio Bayona y Xavier Muro, que emitieron informes avisando de posibles desobediencias al Tribunal Constitucional.
Entre el miércoles por la tarde y la jornada del jueves está previsto que sean interrogados una decena de testigos relacionados con la organización del referéndum, entre ellos publicistas o técnicos que recibieron supuestos encargos del Govern para el 1-O, o cargos de la Generalitat vinculados a la logística de la votación.
También está citada como testigo Núria Llorach, presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), por la difusión de la publicidad institucional del 1-O, y responsables de la empresa Unipost, que supuestamente iba a encargarse de la distribución postal para el referéndum.
Las declaraciones de esos testigos, entre ellos Llorach o los responsables de Unipost, se verán limitadas por su condición de imputados en la causa del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O.
