Barcelona (Reino de España), viernes 8 de marzo de 2024 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La Cuestión Prejudicial implica suspensión inmediata de la Amnistía; las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales ante la Justicia europea por la ley de amnistía amenazan con paralizar su aplicación, aunque las órdenes de detención quedarán sin efecto y las causas abiertas por el ‘procés’ en suspenso una vez la ley entre en vigor, previsiblemente a finales de mayo.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe dan por hecho que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tienen en sus manos las principales causas contra los líderes independentistas, no tardarán en elevar sus dudas sobre la amnistía al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa (TJUE), a través de cuestiones prejudiciales, preguntas que una vez realizadas suspenden automáticamente la aplicación de la ley de Amnistía.
Es probable que a esas consultas se sumen las de otros tribunales de menor rango que llevan causas vinculadas con el ‘procés’ -muchos jueces están a la espera de que sea el Supremo el que mueva ficha con la amnistía-, pero aún así los independentistas confían en que antes del verano se pueda aplicar la ley a algún encausado, no de los implicados en los casos mediáticos.
Cuestión Prejudicial implica suspensión inmediata de la Amnistía |La ley de amnistía podría entrar en vigor a finales del próximo mes de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas, pero el día siguiente la máquina judicial de los Tribunales de Justicia se activará con cuestiones prejudiciales a instancias europeas. Antes de la suspensión inmediata de la ley de Amnistía, primero tendrá que superar un tortuoso trámite en el Senado, donde el PP, con mayoría absoluta, ha anunciado su intención de ralentizar la aprobación de la ley por considerarla inconstitucional, aunque «como mucho podrá dilatar la norma unos dos meses», por falta de voluntad política y por derechista cobarde dado que puede reforma el Reglamento del Senado las veces que quiera y alarga la tramitación todo lo que pueda, hasta el final de la Legislatura. Es un riesgo político coste electoral que solo VOX podría asumir por España.
La ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, desde entonces, los tribunales deberán aplicarla con carácter «preferente y urgente» en un plazo máximo de dos meses. La entrada en vigor comportará que queden sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, tanto nacionales como internacionales, y el alzamiento de las medidas cautelares que pesen sobre los amnistiables, incluso en los casos en que se presenten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley.
Cuestión Prejudicial implica suspensión inmediata de la Amnistía |La justicia europea tendrá que pronunciarse sobre la ley de amnistía si, como todo apunta, los tribunales españoles elevan cuestiones prejudiciales – que implican suspensión inmediata- para determinar si la norma encaja en el derecho de la Unión, especialmente en los dos delitos amnistiables que suscitan más dudas entre la judicatura: el terrorismo y la malversación. La cuestión prejudicial implica la suspensión inmediata de la aplicación de la ley de amnistía -aunque solo en el caso concreto que haya suscitado las dudas del tribunal-, pero al mismo tiempo ata de manos a los jueces que la planteen, que no podrán seguir practicando diligencias en relación con el procedimiento en curso.
El cruce de la ley con las cuestiones prejudiciales puede propiciar una suerte de limbo legal para los amnistiables: el expresidente catalán Carles Puigdemont, por ejemplo, podría regresar a España sin órdenes de detención vigentes, pero a la vez sin la garantía de haber sido exculpado por la medida de gracia. De ahí que las defensas de los encausados aconsejen cautela antes de aventurarse a dar pasos adelante sin el blindaje de la ley de amnistía; la nueva norma ya está llena de medidas para bloquear la respuesta de los antiamnistias hasta resulta por sí ya inconstitucional, pero ni han podido ni pueden bloquear las cuestiones prejudiciales. La suspensión de la ley de Amnistía podría tardar entre 6 meses para que la Justicia europea, también afectada por la Ley de Amnistía, conteste a las partes judiciales españolas afectadas. Así que el TJUE podría tumbar la Ley de Amnistía sin que el Tribunal Constitucional haya resuelto los recursos de inconstitucionalidad y de amparo del PP y VOX, si da la razón a los jueces de seguir investigando a los fugados o condenados por malversación y terrorismo, dos delito graves que pueden poner en peligro a toda la UE.
También el Tribunal Constitucional tendrá que analizar si la ley es acorde a la Carta Magna: PP y Vox han anunciado ya que presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la norma y también podrían hacerlo los jueces que alberguen dudas sobre la legalidad de la medida de gracia. Los recursos de los partidos no paralizan la ley, aunque pueden solicitar al Constitucional que la suspenda cautelarmente mientras resuelve sobre el fondo de la cuestión. En cualquier caso, el tribunal no piensa demorarse en su dictamen sobre la amnistía, un asunto que considera prioritario por su calado político.
Cuestión Prejudicial implica suspensión inmediata de la Amnistía |Los partidos independentistas están satisfechos con el redactado de una ley que creen blinda jurídicamente el borrado de delitos para los encausados por el ‘procés’, sin fisuras que permitan a los jueces sortear la amnistía con interpretaciones «retorcidas» de la norma. El papel de los jueces ante la amnistía sigue despertando, eso sí, suspicacias entre los partidos independentistas, que se felicitan por una ley que, sostienen, ampara a los centenares de encausados por el ‘procés’ y avisan: cualquier contratiempo en su aplicación será únicamente achacable al poder judicial.
Y es que la futura ley deja en manos de los órganos judiciales la función de identificar a las personas que deban beneficiarse de la medida de gracia -tras lo que deberán zanjar la causa penal en cuestión, de oficio o previa consulta a acusaciones y defensas-, lo que puede resultar clave al aplicar la amnistía en ciertos casos que se mueven en los límites del ‘procés‘.
Queda claro que las cuestiones prejudiciales de los jueces y la suspensión de la aplicación de la Ley de Amnistía -mientras el Constitucional decida sobre la constitucionalidad de la nueva normativa- frenarán los deseos de los terroristas fugados de concurrir a las elecciones europeas y posiblemente las catalanas de febrero de 2025, dado que para que se benefician de la ley ha de ser un juez que anule la condena o las acciones judiciales contra el condenado o prófugo| Cuestión Prejudicial implica suspensión inmediata de la Amnistía.
