Cuestionada «Universidad Rey Juan Carlos» por sus falsos másteres a políticos afines

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MADRID (ESPAÑA), 11.04.2018. De izquierda a derecha la observadora de la Conferencia de Rectores (CRUE), Carmen Ruiz; el también observador, José Ángel Contreras; el presidente de la CRUE, Roberto Fernández; el presidente, Alejandro Tiana; y el vicepresidente, Julio Luis Martínez, durante la rueda de prensa de la CRUE sobre el procedimiento de investigación del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Efe.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha puesto en marcha auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la universidad con el objetivo de “verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional”. Madrid (España), sábado 14 de abril de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 11.04.2018. De izquierda a derecha la observadora de la Conferencia de Rectores (CRUE), Carmen Ruiz; el también observador, José Ángel Contreras; el presidente de la CRUE, Roberto Fernández; el presidente, Alejandro Tiana; y el vicepresidente, Julio Luis Martínez, durante la rueda de prensa de la CRUE sobre el procedimiento de investigación del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Efe.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cursó su polémico máster.

Ramos ha informado de esta decisión al Consejo de Gobierno de la URJC, que se encuentra reunido esta mañana y en el que también ha comunicado la apertura de un expediente disciplinario a la funcionaria de la universidad Amalia Calonge “por graves irregularidades detectadas” en la investigación abierta por la propia institución académica sobre el máster de Cifuentes.

Según un comunicado de la URJC, el rector ha explicado al Consejo de Gobierno que “ante los indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal” ha acordado suspender el procedimiento de información reservada que se había abierto y trasladar toda la documentación recopilada a la Fiscalía.

Ramos ha asegurado que “de dictarse sentencia firme reconociendo los hechos, se iniciarán los trámites pertinentes para la anulación” del título de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

No obstante, la suspensión del procedimiento de información reservada interna, según la nota de la URJC, no impedirá proseguir la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y particularmente “en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico”.

La URJC también ha puesto en marcha auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la universidad con el objetivo de “verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional”.

El rector eliminará las “manzanas podridas”, según el Consejo de Estudiantes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha asegurado a los representantes del Consejo de Estudiantes que no le va a “temblar el pulso” para eliminar las “manzanas podridas” que pueda haber dentro de la institución tras la polémica del máster de Cristina Cifuentes.

Ramos se ha reunido esta tarde de forma extraordinaria durante dos horas y media con los miembros del órgano de representación de los alumnos en el campus de Móstoles para explicarles el proceso de investigación que está llevando a cabo la universidad.

Según ha explicado a Efe Sergio López, secretario del Consejo de Estudiantes, el rector les ha trasladado que investigarán “en profundidad” el caso y el Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, donde Cifuentes cursó su máster.

El rector ha apuntado que “son pocas” esas “manzanas podridas”, pero ha reiterado que depurará las responsabilidades. De hecho, ha indicado que en 48 horas, cuando tendrá lugar el próximo Consejo de Gobierno de la Universidad, se tomarán medidas con respecto al instituto donde Cifuentes estudió su máster, aunque ha anunciado que no lo va a cerrar, ha dicho López.

Los alumnos han emplazado a Ramos a que lidere la investigación y llegue “hasta el fondo” con la depuración de las responsabilidades, incluso si es él mismo el que resulta afectado.

Algunos de los estudiantes le han planteado por qué no dimitía después de haber llevado a cabo, a su juicio, una “mala gestión” del asunto, a lo que él ha justificado que lleva poco tiempo en el cargo y ha reconocido, según Sergio López, que “metió la pata” en su primera rueda de prensa, cuando aseguró que todo se hizo acorde a la legalidad.

Los rectores ven “graves irregularidades en el proceso” del máster de Cifuentes

El presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha concluido este miércoles, 11 de abril de 2018, que hay “graves irregularidades en el proceso” del máster cursado por Cristina Cifuentes, y ha considerado que “si un político en el ejercicio de sus funciones dice que tiene un máster y no lo tiene, es motivo de dimisión de su cargo político”.

Fernández ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para evaluar la investigación sobre el máster que lleva a cabo la Universidad Rey Juan Carlos, a la que ha apoyado en su decisión de enviar a la Fiscalía el caso después de que este centro de enseñanza superior asegurara haber encontrado “indicios racionales de delito”.

Ha manifestado que “no parece que las notas fueran las correctas, no aparece el trabajo ni parece que se hubiera hecho la defensa” del mismo, lo cual -ha dicho- es un conjunto de presunciones y de hipótesis que, si fueran confirmadas, supondrían una “grave irregularidad universitaria”.

Fernández ha comparecido junto con los dos observadores externos nombrados por este organismo a petición de la URJC: el director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, Carmen Ruiz.

Los observadores constatan que falta “una parte de los documentos”

Fernández ha destacado que en el curso de su intervención, los observadores no han hallado una parte de los documentos solicitados del expediente del máster de Derecho Público del Estado Autonómico, supuestamente realizado por Cifuentes.

Además, los observadores destacan que no se han efectuado la totalidad de comparecencias previstas, ya sea por petición de aplazamiento o por presentación de una excusa médica. Estos comparecientes han sido el director del máster, Enrique Álvarez Conde; la directora del máster, Cecilia Rosado; la profesora del máster, Clara Souto, y la funcionaria de la URJC Amalia Calonge.

Los observadores, según Fernández, achacan toda esta falta de documentación a la interrupción del procedimiento de información reservada en la Universidad Rey Juan Carlos, decisión adoptada “al poner a disposición del Ministerio fiscal dicho expediente al haber encontrado indicios racionales de delito, evitando así interferir en la investigación de este órgano judicial”.

El presidente de la CRUE ha asegurado que aunque el rector de la URJC, Javier Ramos, pudo hacer unas primeras declaraciones “algo precipitadas”, sí cree que ha sido acertada la apertura del expediente informativo y que la Universidad recurriera a la

Fiscalía tras tener “fehaciente conocimiento de que podía haber irregularidades administrativas susceptibles de ser tipificadas penalmente”. Ramos habló, tras aparecer las primeras investigaciones periodísticas sobre el máster, de una “mala transcripción” informática para justificar la presunta falsificación de las notas.

Si se confirma “estaríamos ante una muy grave irregularidad”

“Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta ni tienen derechos y obligaciones distintos”, ha opinado Fernández, que ha insistido en que si todo el conjunto de presunciones e hipótesis respecto a este caso se confirman, “estaríamos ante una muy grave irregularidad universitaria”.

El presidente de los rectores, que ha lamentado la “sombra de duda” que se ha tratado de vertir contra la universidad por “motivos partidistas”, ha ofrecido a la URJC “el apoyo de la CRUE para llegar hasta las últimas consecuencias de su investigación”. Ha mostrado con la mayor contundencia que “deplora y condena cualquier acto de irregularidad o ilegalidad en la vida universitaria” por ser, ha señalado, “impropio de una institución académica”.

Todo ello, en el día en el que Ciudadanos ha vuelto a pedir la dimisión de la presidenta regional si quiere mantener el Gobierno en la Comunidad de Madrid, para no verse en la obligación, ha dicho el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, en TVE, de apoyar la moción de censura y echar por esa vía a Cifuentes. Rivera ha vuelto a decir que los ‘populares’ ya buscan sustituto a Cifuentes, algo que niegan desde Génova.

“Un hecho concreto no puede poner en duda el sistema universitario español”

Desde la CRUE han asegurado que “si salen más casos, se investigarán”, al tiempo que han criticado las opiniones de responsables públicos que “quieren transformar un problema concreto en una especie de ejemplo paradigmático de una deficiente práctica en la impartición de másteres que tienen lugar en la universidad española”.

El presidente de los rectores ha insistido en que le parece “increíble e inaceptable” que cualquier dirigente político “se dedique a manchar el nombre de la universidad con fines partidistas” y, preguntado por a qué político se refería, ha dicho que “a varios” pero ha preferido no dar sus nombres “porque la ambigüedad es patrimonio de las instituciones cuando tienen que tener cuidado con lo que dicen”.

Fernández ha insistido en que no puede emitir juicios de valor ya que, ha recordado, se trata de un organismo privado sin potestad jurídica para inmiscuirse en la autonomía de la universidad.

Por último, ha instado a que cualquier persona que detecte una mala práctica la denuncie por los cauces reglamentarios o por los judiciales.

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