Madrid (España), jueves 14 de septiembre de 2023 (Efe).- El Tribunal Supremo inicia este jueves la deliberación de los recursos de PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes hace ya dos años, cuando sube el tono político por la amnistía que reclama Junts para sentarse a negociar la investidura de Pedro Sánchez.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo comenzará con los indultos al exdiputado catalán y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y al expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Esta primera deliberación llega con el debate por la amnistía en auge tras la movilización anunciada por el PP en Madrid para protestar contra la amnistía el 24 de septiembre, en vísperas de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso y después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar instara en un acto a una respuesta cívica de la sociedad española.
De hecho, aunque la revocación de los indultos supondría la vuelta a prisión de los condenados por el procés, su futuro quedaría a la espera de lo que pueda suceder con la amnistía que exige el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont para negociar con Sánchez y que causa un amplio malestar en el Tribunal Supremo, que ha diseñado toda la arquitectura jurídica contra el «procés».
Fue en junio de 2021 cuando el Gobierno de Sánchez concedió los indultos parciales a los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años de prisión.
Desde entonces, esta cuestión ha quemado distintas etapas en el tribunal, con la rectificación de su postura debido a un cambio en la composición de la Sala a las peticiones de resolverlo en Pleno, y, además, se ha visto afectada por decisiones políticas como la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación.
Repasando el histórico, una de las claves deriva de la composición de la Sala. En enero de 2022, el tribunal rechazó todos los recursos por una exigua mayoría de tres a dos, pero cuatro meses después, la salida y entrada de una magistrada alteró las mayorías y la sala rectificó su criterio inicial por un solo voto, al estimar las impugnaciones de los partidos contra el fallo inicial del Supremo.
Pero resulta que una vez más la Sección ha vuelto a cambiar de nombres. Ahora son los conservadores Fernando Román y Wenceslao Olea frente a los progresistas Ángel Arozamena y Ángeles Huet, a quienes se suma el magistrado Pablo Lucas, que preside la Sala al haberse abstenido el expresidente del Supremo Carlos Lesmes.
Lo primero que tendrá que estudiar la Sala es la falta de legitimación de los partidos políticos que alegó la Abogacía del Estado, al estimar que solo pueden serlo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos.
En un primer momento, el Supremo atendió el criterio de la Abogacía pero cuando rectificó su postura, acordó posponer esta cuestión al trámite de la sentencia. Un eventual rechazo acabaría de plano con los recursos, sin llegar a entrar al fondo, explican a EFE fuentes jurídicas. De lo contrario, los magistrados deberán determinar si las razones de utilidad pública, que justificó el Gobierno para conceder los indultos, se ajustaron a la ley.
Las impugnaciones contra la medida de gracia tampoco han sido ajenas a los vaivenes políticos y, de hecho, el Supremo archivó hace unos meses los recursos contra los indultos concedidos a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, al haberse derogado el delito de sedición -el único por el que fueron condenados- tras la reforma penal que tuvo otras consecuencias para los indultados.
Tal es el caso de Sànchez y Cuixart, condenados por sedición por unos hechos que tras la reforma, el tribunal englobó en el nuevo delito de desordenes públicos agravados.
Además de los Jordis, los recursos que se mantienen vivos ante el tribunal afectan al exvicepresident Oriol Junqueras y a los exconsellers Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
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