Agencias – En concreto, el responsable de los servicios jurídicos de CDC Francesc Sánchez, que fue detenido el pasado 2 de febrero en el marco del caso del 3 %, será el encargado de declarar hoy en el juicio del caso Palacio en nombre de la extinta formación, a la que el fiscal acusa de ser responsable civil a título lucrativo del saqueo. Barcelona (España), lunes 20 de marzo de 2017. Fotografía: El responsable jurídico de CDC, Francesc Sánchez, quedó en libertad tras negarse a declarar por el «caso del 3 %», de supuesta financiación ilegal de Convergencia, el 3 de febrero de 2017. Sánchez había sido detenido el día anterior por la Guardia Civil. Archivo Efe.
Tras la declaración de los quince acusados, el juicio por el expolio del Palacio de la Música prosigue hoy con la comparecencia de los responsables civiles, entre ellos las esposas e hijas de Fèlix Millet y Jordi Montull, así como CDC, que estará representada por un imputado en el caso del 3 %.
En concreto, el responsable de los servicios jurídicos de CDC Francesc Sánchez, que fue detenido el pasado 2 de febrero en el marco del caso del 3 %, será el encargado de declarar hoy en el juicio del caso Palacio en nombre de la extinta formación, a la que el fiscal acusa de ser responsable civil a título lucrativo del saqueo.
Sánchez comparecerá como representante legal de la antigua CDC y tiene previsto responder a todas las preguntas que se le formulen, según fuentes del partido.
De acuerdo con el programa de la sala de la Audiencia de Barcelona que juzga el saqueo del Palacio de la Música, para hoy están citados a declarar como responsables civiles a título lucrativo las esposas de los exresponsables del Palacio de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, las hijas del primero de ellos y un representante de CDC.
La Fiscalía acusa a CDC de lucrarse con las presuntas comisiones que la constructora Ferrovial le hacía llegar a través del Palacio de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública, y pide a la formación 6,6 millones de euros, lo que ha comportado el embargo preventivo de quince de sus sedes para responder a una eventual condena.
