
Madrid, jueves 1 de octubre de 2026 (EFE).- El diputado del PP en la Asamblea de Madrid y víctima del terrorismo Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, ha presentado una denuncia penal contra el Sindicato de Inquilinas por presuntos actos de vandalismo en la Puerta del Sol de Madrid.
La denuncia ha sido interpuesta ante el juzgado de guardia de Madrid y se centra, entre otros hechos, en varias pintadas realizadas en elementos situados en el entorno de la plaza, como un monolito de homenaje a víctimas del terrorismo de ETA o la estatua del Oso y el Madroño.
Portero sostiene que en estos actos de vandalismo, así como en la presencia de cuchillos o adoquines en la acampada de activistas por el derecho a la vivienda, podrían concurrir delitos de organización o grupo criminal, daños, amenazas, desórdenes públicos o delitos relacionados con armas, en caso de que la investigación determine que la tenencia o utilización de esos objetos tiene relevancia penal.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, se dirige contra el Sindicato de Inquilinas, convocante de las manifestaciones por el derecho a la vivienda y de la acampada instalada en la Puerta del Sol, y está acompañada de imágenes de las pintadas y carteles que el diputado denuncia.
Entre ellas figura una inscripción que reza «Aki se torturaba a gente» en un monolito situado en la calle del Correo en homenaje a las trece personas que murieron y las 60 que resultaron heridas por la bomba colocada por ETA en la cafetería Rolando en 1974. También incluye una pintada con el mensaje «Ayuso cuidado» en la peana de la estatua del Oso y el Madroño y un dibujo acompañado del texto «Caseros, Ayuso, Almeida, queremos sus cabezas».
Daniel Portero ha solicitado que conste expresamente en el procedimiento su condición de víctima del terrorismo y de familiar directo de una persona asesinada por ETA, en referencia a su padre, y ha invocado sus derechos de protección, información y participación activa en el proceso penal.
En su escrito reclama además que se esclarezca si las distintas actuaciones fueron realizadas por las mismas personas y si existió coordinación entre ellas, reparto de funciones, una estructura, instrucciones comunes o financiación conjunta.
Asimismo, pide investigar el empleo de redes sociales, inspeccionar los lugares afectados, solicitar las grabaciones de videovigilancia e identificar a las personas que aparezcan en ellas para tomarles declaración.
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Portero reclama también comprobar «la existencia, ubicación y titularidad de los adoquines, cuchillos u otros objetos potencialmente peligrosos» a los que hace referencia en su denuncia y que se adopten, si procede, medidas cautelares.
La denuncia penal se suma al recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad de Madrid, que solicita la adopción de medidas cautelarísimas para forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de la Puerta del Sol.
