Efe – El fiscal, en su escrito de conclusiones definitivas, que entregó el lunes al tribunal, esgrime como prueba de cargo contra los acusados la documentación que tres mossos transportaron en una furgoneta y que fue interceptada por la Policía Nacional «camino de su destrucción en una incineradora». Madrid (España), domingo 14 de junio de 2020.
El juicio al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por su actuación el 1-O llega a su fin esta próxima semana después de que el fiscal anunciara la rebaja de su acusación de rebelión a sedición, ofreciendo al tribunal la alternativa a condenarle por desobediencia, que no conlleva prisión.
Tras una treintena de sesiones, con el parón judicial por medio por el coronavirus, el próximo miércoles quedará visto para sentencia este juicio en el que Trapero ha compartido banquillo con el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición-, así con la intendente Teresa Laplana, sin saber hasta el último momento la pena que finalmente le pediría el fiscal.
El pasado lunes salió de dudas después de que la Fiscalía rebajara su acusación inicial de 11 años de cárcel por un delito de rebelión para Trapero, Soler y Puig a 10 años por sedición, en consonancia con la sentencia del procés -conocida tres meses antes de que comenzará este juicio el 20 de enero-, o, en su defecto, por desobediencia a 60.000 euros de multa e inhabilitación.
Una vez conocida por parte de los acusados la modificación en la calificación fiscal, este lunes sus abogados, incluido el de Laplana, que se enfrenta a 4 años de prisión por sedición o 30.000 euros de multa por desobediencia, reiterarán su petición de absolución al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales.
Acto seguido, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, expondrá ante la sección primera de lo Penal, que juzga estos hechos desde el pasado 20 de enero, los motivos por los que considera que los cuatro deben ser condenados por un delito de sedición o, en todo caso, por el de desobediencia, penado con las citadas multas e inhabilitación especial de 1 año y 8 meses, en el caso de los tres principales acusados.
El martes serán las defensas las que procederán a leer sus informes reclamando la absolución de sus representados, trámite que podría extenderse al miércoles, día en el que está previsto que el juicio quede visto para sentencia una vez que los acusados decidan si hacen uso de su derecho a la última palabra.
El fiscal, en su escrito de conclusiones definitivas, que entregó el lunes al tribunal, esgrime como prueba de cargo contra los acusados la documentación que tres mossos transportaron en una furgoneta y que fue interceptada por la Policía Nacional «camino de su destrucción en una incineradora».
En ese dispositivo los agentes «encontraron documentos que evidenciaron las verdaderas intenciones de los mandos de los Mossos d’Esquadra como eran no impedir el referéndum y colaborar con los líderes independentistas en el desarrollo y culminación del proceso que habría de concluir con la independencia de Cataluña».
Para ello, añade, se dedicaron «a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente».
Por contra, Trapero, al igual que los otros tres acusados, ha defendido en todo momento su actuación, y el mayor llegó a denunciar en el juicio que se ha visto «injustamente tratado» después de haber hecho todo lo posible para impedir el 1-O.
A lo largo de diez horas, durante dos días de duro interrogatorio por parte del teniente fiscal, Trapero, trató de desmontar las acusaciones desvelando que llegó incluso a planear la detención del ex presidente Carles Puigdemont y su Govern.
Detalló que dos días antes de la declaración de independencia el 27 de octubre de 2017, envió un correo electrónico a su número 2, Ferrán López -que le sustituyó al frente de los Mossos cuando se aplicó el artículo 155-, para que diseñara el dispositivo de los arrestos, en el que incluso se llegó a plantear, según su versión, la utilización de un helicóptero.
¿Dónde está ese plan?» le preguntó varias veces un incrédulo fiscal tras cuestionarle que no hablara de ello hasta que declaró como testigo en el Supremo, mucho después de no haberlo hecho en sus declaraciones como imputado en la Audiencia Nacional, a lo que Trapero respondió que no lo hizo porque nadie le preguntó.
