Madrid, viernes 13 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La resolución judicial dictada este jueves por el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, por la que se acuerda el cese total de actividad de Núcleo Nacional (NN), el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid y el bloqueo de sus perfiles en redes sociales tras la detención de catorce de sus integrantes, no implica la suspensión ni la ilegalización de Noviembre Nacional, la formación política impulsada por dirigentes del mismo entorno e inscrita oficialmente en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior desde el pasado 10 de febrero de 2026.
Dos personalidades jurídicas distintas en los registros del Ministerio del Interior
La clave jurídica por la que el auto judicial no alcanza al partido radica en la dualidad registral y normativa existente en el ordenamiento español. Mientras que Núcleo Nacional figura inscrita desde 2024 como una asociación en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Noviembre Nacional posee personalidad jurídica propia como partido político tras superar los trámites administrativos de inscripción el pasado 10 de febrero de 2026, con domicilio social fijado en Valladolid y con Enrique Lemus como presidente, David Rico como secretario y Jesús Ruiz como tesorero.
Según ha trascendido de las diligencias policiales incorporadas al sumario de la Comisaría General de Información, los promotores de la entidad optaron por constituir esta marca política después de que Interior denegara hasta en cinco ocasiones la inscripción de un partido con la denominación Núcleo Nacional al existir ya una asociación con ese mismo nombre. Al tratarse de dos personas jurídicas formalmente diferenciadas ante la Administración, las medidas cautelares de suspensión de actividades, precinto de locales y bloqueo de cuentas acordadas por el juez instructor sobre la asociación no se extienden de forma automática al partido político.
El blindaje de la Ley Orgánica de Partidos Políticos frente a la vía asociativa
A esta separación formal se suma el distinto régimen legal que regula la suspensión o disolución de ambas figuras. Mientras que una asociación ordinaria puede ser suspendida de forma cautelar por un juzgado de instrucción en el marco de una investigación penal por presuntos delitos de asociación ilícita y de odio, la ilegalización o suspensión de un partido político está sometida a un procedimiento extraordinario y garantista regulado en la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos.
De acuerdo con la normativa vigente, la disolución o suspensión judicial de una formación política inscrita en Interior requiere una demanda específica interpuesta por el Gobierno —previo acuerdo del Consejo de Ministros o a instancia del Congreso o del Senado— o por el Ministerio Fiscal ante la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las comunicaciones intervenidas en la investigación policial reflejan precisamente que los responsables de la entidad eran conscientes de este marco normativo y buscaron ampararse en la estructura de un partido político por considerar que ofrece una protección jurídica mucho mayor que una asociación convencional.
Inscripción avalada por Interior y ausencia en las papeletas del 29N
El registro oficial de Noviembre Nacional en febrero de 2026 generó una fuerte polémica política después de que el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirmara que la inscripción se había formalizado al cumplir los estatutos presentados los requisitos formales exigidos por la ley. El propio departamento ministerial reconoció posteriormente en respuesta parlamentaria que su margen legal para impedir de oficio la inscripción de partidos sin una sentencia penal previa o sin tacha formal en sus estatutos es limitado.
En el plano electoral, aunque Noviembre Nacional conserva intacta su vigencia legal tras el golpe policial y judicial contra Núcleo Nacional, la formación no concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 (29N), al no haber completado los trámites ni los avales necesarios dentro de los plazos fijados por la Junta Electoral Central tras la convocatoria de los comicios.