Efe – A raíz de esta incomparecencia, la Mesa del Congreso ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para conocer si organismos dependientes del Gobierno en funciones, como Adif o Renfe, también están obligados a comparecer en el Parlamento. Madrid, 6 abril 2016. Fotografía:
El pleno del Congreso de los Diputados aprobará hoy con toda probabilidad la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de atribuciones contra el Gobierno en funciones ante la negativa del Ejecutivo del PP a ser controlado por la actual Cámara baja.
La aprobación de este recurso coincide paradójicamente con la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta de las últimas decisiones de la UE sobre la crisis de los refugiados, o la que protagonizará mañana jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la desviación del déficit público.
No obstante, ayer mismo la ministra de Fomento, Ana Pastor, junto a otros altos cargos de su departamento, declinó su asistencia a una comparecencia en comisión, lo que motivó duras críticas de todos los grupos, salvo el PP. A raíz de esta incomparecencia, la Mesa del Congreso ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para conocer si organismos dependientes del Gobierno en funciones, como Adif o Renfe, también están obligados a comparecer en el Parlamento.
Por contra, el Gobierno argumenta que las comparecencias de Rajoy y Montoro son «meramente informativas» y tienen un carácter extraordinario y que por tanto no forman parte del control ordinario del Ejecutivo. Del otro lado, los grupos parlamentarios consideran que el Gobierno puede estar en funciones pero no el Congreso, que mantiene intacta su capacidad de control.
Los socialistas, principales promotores de llevar este conflicto ante el Tribunal Constitucional, reconocen que el proceso que se abre por esta vía es tan largo que, cuando el tribunal dicte su resolución, puede haber ya un nuevo gobierno, pero aseguran que su deber es defender los poderes constitucionales del Congreso.
Una vez que el pleno apruebe hoy requerir formalmente al Gobierno que revoque su decisión de no someterse al control parlamentario, el Ejecutivo dispondrá de un mes de plazo para presentar alegaciones, lo que alarga a su vez la resolución judicial de este contencioso.
