Efe – A partir de ahí, la ley electoral establece un plazo exacto de 54 días entre la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de los comicios, que es exactamente lo que ahora se quiere modificar, ya que obligaría a ir a las urnas el 25 de diciembre. Madrid (España), domingo 16 de octubre de 2016. Fotografía: El líder extremista antiespañol de la formación regional Anova -En marea, al 20-D 2015 y 26J 2016, José Manuel Beiras, junto a Pablo Iglesias. Archivo Efe
El Congreso no esperará a que el PSOE se decida a dar su abstención a la investidura de Mariano Rajoy y aprobará la próxima semana con una amplia mayoría la reforma de la Ley Electoral presentada por el PP y dirigida a evitar que unas hipotéticas terceras elecciones se celebren el día de Navidad.
Será el martes cuando el pleno de la Cámara Baja debata la toma en consideración de esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que recorta la duración de la campaña a ocho días y reduce de 54 a 47 días el periodo que tiene que transcurrir desde la convocatoria hasta la cita con las urnas.
Gracias a esta reforma, en el caso de que no salga adelante la investidura de Rajoy antes de que acabe octubre, las elecciones se celebrarían el 18 y no el 25 de diciembre y la campaña duraría sólo ocho días.
Fuentes del PSOE, Podemos y Ciudadanos han confirmado a Efe que apoyarán el martes la toma en consideración de la reforma electoral que, tras un breve plazo de enmiendas de 48 horas, regresará al pleno del Congreso el jueves antes de ser remitida al Senado.
Los tres partidos presentarán enmiendas a la proposición de ley del PP, aunque todavía no han concretado en qué sentido.
De acuerdo con los planes del PP, la iniciativa podría quedar definitivamente aprobada durante la última semana de octubre, justo en los días en los que se espera que se produzca el debate de investidura en el Congreso que, de salir adelante, dejaría sin sentido la reforma.
No obstante, el texto de los ‘populares’ pretende afrontar la situación extraordinaria que supone tener que repetir unos comicios legislativos por falta de acuerdo de gobernabilidad y sólo será de aplicación en esos casos excepcionales.
Además de recorte de los plazos electorales, el PP propone que las fuerzas políticas con representación en las Cortes se pongan de acuerdo también para rebajar los gastos de campaña que sólo duraría ocho días.
El PP justifica esta campaña reducida en que los candidatos «no necesitan el mismo tiempo» para captar el voto cuando se trata de una repetición de las elecciones.
La reforma agiliza plazos y requisitos tanto para la administración electoral como para los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores que quieren concurrir a los comicios.
De este modo, las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se constituirán al día siguiente de la convocatoria y su composición será «idéntica» a la que tuvieran en el momento en que finalizó su mandato.
Los partidos que no hayan obtenido representación parlamentaria no tendrán que volver a recoger los avales para volver a presentarse y las coaliciones ya constituidas sólo tendrán que comunicar su voluntad de presentarse en el mismo formato.
Igualmente, las candidaturas podrán mantener sus listas salvo que deseen modificarlas expresamente.
En cuanto a los españoles residentes en el extranjero que ya solicitaron el voto en las anteriores elecciones tampoco tendrán que repetir el procedimiento.
Al reducirse la campaña electoral a la mitad, también se reduce en la misma proporción el tiempo gratuito de publicidad electoral en los medios públicos del que disfrutan las diferentes candidaturas.
La iniciativa del PP afecta asimismo a los contratos de la administración pública relacionados con el proceso electoral que se declararán de «emergencia» y a los que se les aplicará el régimen «excepcional» previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
Esta reforma se puso sobre la mesa tras el fracaso de la primera investidura de Rajoy a finales de agosto, aunque no fue hasta la semana pasada cuando el PP se decidió a registrar formalmente la proposición de ley en el Congreso.
La Constitución establece que si pasados dos meses desde la primera votación fallida ningún candidato consigue ser investido se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones.
Como esa primera votación se produjo el 31 de agosto, la fecha tope para la investidura es el 31 de octubre.
A partir de ahí, la ley electoral establece un plazo exacto de 54 días entre la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de los comicios, que es exactamente lo que ahora se quiere modificar, ya que obligaría a ir a las urnas el 25 de diciembre.
