Efe – La portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Defensa, Carmen Valido, ha planteado que España no puede «seguir mirando para otro lado» y vendiendo armas a países «que pisotean la ley» y pedido suspender las ventas a Arabia Saudí. Según Valido, compete al Gobierno asegurar la carga de trabajo en los astilleros con lo que, si se anula el contrato con Arabia Saudí, el Ejecutivo «deberá buscar un comprador alternativo» de las cinco corbetas, «y si no hay comprador, invertir en los astilleros por el mismo valor del contrato original», esto es, los 1.800 millones de euros. Madrid (España), martes 23 de octubre de 2018. fotografía: MADRID (ESPAÑA), 19.09.2018. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, interviene esta semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Efe.
El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy suspender la venta de armas a Arabia Saudí en plena polémica por la muerte del periodista Jamal Khashoggi, con los votos del PSOE y el PP y la abstención de Ciudadanos y el PNV.
«España es un país que cumple sus contratos» y la decisión de bloquear la venta de armas a Arabia Saudí «debe ser colectiva de toda la Unión Europea», ha argumentado el PSOE en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, que ha rechazado así la petición de Unidos Podemos y los partidos nacionalistas de anteponer los derechos humanos a los negocios.
El debate se ha producido tras el anuncio de Alemania de paralizar el envío de armas a Riad, en protesta por la muerte violenta del periodista crítico Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá mañana en el Congreso para explicar la venta de armas de España a Arabia Saudí, una comparecencia que anunció tras la polémica por la entrega de 400 bombas de precisión láser.
Hace varias semanas el Gobierno decidió mantener la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, después de que Defensa avanzara que se cancelaría, lo que originó una oleada de protestas de los trabajadores de Navantia, ante el temor de que Riad suspendiera el contrato para la compra de cinco corbetas.
La proposición no de ley, presentada por la diputada de Compromís Marta Sorlí, pedía «embargar la venta de armas» a Arabia Saudí o a cualquier otro Estado cuando exista un riesgo sustancial de que las armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones flagrantes de los derechos humanos».
«Los derechos humanos deben estar por delante del negocio», ha reclamado Sorlí con el objetivo de que, cuando mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso «tenga un mandato claro de condena de la venta de armas».
Pese a su defensa y al hecho de haber presentado un nuevo texto pactado en la comisión, la propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos y el PNV.
El diputado socialista Antonio Gutiérrez ha argumentado que «España es un país que cumple sus contratos», que Arabia Saudí no está vetado como comprador de armas por la ONU y que la decisión de no venderle armas hasta que se aclare la muerte del periodista Jamal Khashoggi «deberá ser colectiva» de toda la UE.
Gutiérrez ha subrayado que el PSOE está «consternado» y condena lo ocurrido, pero también pide «prudencia y no prejuzgar hasta que se complete la investigación» que está llevando a cabo Turquía.
Además, ha recordado que si se bloqueara la venta de armas a Arabia Saudí los primeros perjudicados serían los astilleros de San Fernando, Cádiz, «una de las zonas más deprimidas» y se ha preguntado que cuál sería la posición de los partidos nacionalistas «si la fábrica estuviera en Cataluña o Valencia».
El PP por su parte ha recordado que los acuerdos de venta de armas españoles contienen una cláusula de «control de último destino» que permite suspender el contrato si se demuestra que el fin para el que se están utilizando las armas es distinto del declarado en el momento de la venta.
«España tiene ya una legislación de las más rigurosas de la Unión Europea», el Congreso controla las ventas acordadas y «hay cláusulas de rescisión», por lo que pidió que este tipo de iniciativas se traten «con la máxima responsabilidad» ya que se trata de un sector que da trabajo a casi 210.000 personas.
En nombre de Ciudadanos, el diputado Francisco Javier Cano ha instado a la Unión Europea a «tomar una decisión común de todos los países» que dé fuerza a la postura de rechazo ante la muerte del periodista en el consulado saudí de Estambul.
El debate no se ha limitado a la comisión de Defensa. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha reafirmado su apoyo a los astilleros de Navantia en momentos «de tanta fragilidad, incertidumbre e inseguridad», tras las peticiones de que España no venda armas a Arabia Saudí, entre ellas las cinco corbetas encargadas a estos astilleros públicos gaditanos.
El Gobierno andaluz también ha defendido que es «perfectamente compatible» el respeto de los derechos humanos con aquellos acuerdos firmados que «garantizan» el mantenimiento del empleo y que lo sensato es esperar a las decisiones de las «grandes instituciones internacionales, como la Unión Europea y, sobre todo, Naciones Unidas».
Por el contrario, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que sería «muy sensato» secundar la decisión adoptada por Alemania de no exportar armas a Arabia Saudí hasta que se aclaren las circunstancias de la muerte de Khashoggi, «al mismo tiempo, eso sí, que se protege un sector estratégico como son los astilleros», ha dicho.
De hecho, la portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Defensa, Carmen Valido, ha planteado que España no puede «seguir mirando para otro lado» y vendiendo armas a países «que pisotean la ley» y pedido suspender las ventas a Arabia Saudí.
Según Valido, compete al Gobierno asegurar la carga de trabajo en los astilleros con lo que, si se anula el contrato con Arabia Saudí, el Ejecutivo «deberá buscar un comprador alternativo» de las cinco corbetas, «y si no hay comprador, invertir en los astilleros por el mismo valor del contrato original», esto es, los 1.800 millones de euros.
