
Madrid, miércoles 18 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados vota este miércoles la convalidación de los dos reales decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros tras el grave accidente ferroviario de alta velocidad ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que costó la vida a 69 personas, y en medio de las jornadas de huelga convocadas en el sector ferroviario. La sesión parlamentaria se celebra con las Cortes disueltas ante las elecciones generales del 29 de noviembre y apenas unas horas después de que las autoridades judiciales confirmasen que la totalidad de los fallecidos ya han sido entregados a sus familias.
El órgano que sustituye al Pleno del Congreso durante los periodos entre legislaturas aborda dentro de un orden del día de siete normas de urgencia tanto el Real Decreto-ley 34/2026, de 10 de noviembre —publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 281—, centrado en el refuerzo de la seguridad operacional y las condiciones laborales de los maquinistas, como el Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre —publicado en el BOE número 274—, que articula el paquete de indemnizaciones y protección social para los afectados por el siniestro en el que se vieron implicados trenes de Renfe e Iryo.
Nuevas reglas de conducción y «cultura justa» en la vía
La primera de las normas modifica la Ley del Sector Ferroviario y el Real Decreto 929/2020 para redefinir el cómputo de los tiempos de conducción y reforzar los mecanismos de prevención. Aunque el decreto entró en vigor de forma provisional el 11 de noviembre, su artículo primero no será efectivo hasta el 11 de mayo de 2027, un margen de seis meses concedido para que las operadoras ferroviarias y los administradores de infraestructuras reorganicen sus gráficos de servicio y turnos de trabajo.
A partir de esa fecha, computarán íntegramente como tiempo efectivo de conducción no solo las maniobras con el vehículo en movimiento y las interrupciones en las que el maquinista siga al cargo de la circulación, sino también cada periodo inferior a 45 minutos que transcurra entre el final de una conducción y el inicio de la siguiente por parte del mismo profesional, con independencia de si ha sido relevado o asignado a otras tareas. Del mismo modo, se contabilizarán las pausas de 45 minutos o más durante pruebas, ensayos o verificaciones cuando el trabajador deba permanecer a disposición inmediata para mover el convoy.
El texto incorpora asimismo el principio de la denominada «cultura justa» mediante un capítulo específico que regula la notificación confidencial de riesgos operacionales a través de canales internos o sistemas públicos, protegiendo frente a represalias a quienes alerten de fallos de seguridad. Además, reconoce expresamente el derecho del personal a adoptar medidas «necesarias y proporcionadas» ante situaciones de riesgo grave e inminente, facultad que ampara la detención de la marcha o la negativa a iniciar un trayecto previa comunicación a los responsables de circulación.
Más poder inspector para la AESF y coeficientes de jubilación
En el plano de la vigilancia técnica, la norma blinda las competencias de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), cuyos técnicos podrán acceder y realizar comprobaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos pertenezcan a la entidad inspeccionada o a un tercer operador.
En materia sociolaboral, el decreto extiende el régimen especial de la Seguridad Social al conjunto del personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General. El objetivo declarado es garantizar la igualdad de trato en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para todos los profesionales que desempeñen idénticas funciones, con independencia de la compañía para la que presten servicio.
Indemnizaciones exentas de IRPF y tope de precios en emergencias
De forma paralela, la Diputación Permanente somete a votación el Real Decreto-ley 32/2026, dotado con 30 millones de euros para atender a las víctimas de Urda —40 hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad, de los cuales 54 eran españoles y 15 extranjeros—. La disposición fija ayudas directas, compatibles con los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, y exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
– Por fallecimiento: 72.121,46 euros por cada víctima mortal, abonables a cónyuges, parejas de hecho, hijos, padres o hermanos según el orden de prelación legal.
– Por lesiones corporales: Entre 2.404,04 euros (para las lesiones leves de categoría 14) y 84.141,70 euros (para las secuelas de máxima gravedad de categoría 1), conforme al baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros.
La norma asimila además de oficio y con carácter retroactivo las bajas por incapacidad temporal y las pensiones de incapacidad, viudedad u orfandad derivadas del accidente a situaciones de accidente de trabajo, blindando asimismo frente a sanciones laborales a los trabajadores que sufrieron retrasos o ausencias por el corte de la línea Madrid-Andalucía. Por último, introduce el nuevo artículo 20 ter en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, prohibiendo que en situaciones de emergencia se apliquen precios superiores al máximo ofertado en los treinta días previos —o al precio medio más un 50 % si aquel fuese superior—, obligando a devolver lo cobrado en exceso.
Una aritmética parlamentaria al límite
El desenlace de la votación se presenta ajustado en una Diputación Permanente donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya sufrió la semana pasada para sacar adelante un decreto de vivienda por la mínima diferencia de un voto. En aquella ocasión, la suma de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos alcanzó 35 escaños frente a los 34 votos en contra emitidos por PP, Vox y Junts, reflejo de la debilidad parlamentaria con la que el Gobierno afronta el tramo final antes de las urnas.
