Redacción – Bruselas (Bélgica), jueves 3 de junio de 2021. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha debatido hoy el informe sobre si los políticos deberían ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos, con el estudio particular de los casos de Turquía y España, cuyo borrador de conclusiones avala la actuación España y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la constitución y de la legalidad.
Sobre el caso particular de España, el polémico relator del informe, Boriss Cilevics, reconoce que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y desafió los mandatos expresos del Tribunal Constitucional.
Además, el relator del informe admite que la reacción de la Administración de Justicia de España en defensa de la legalidad vulnerada tuvo lugar dentro de los parámetros de un Estado de Derecho.
En su relato, Cilevics también reconoce en la redacción del texto de resolución que «España es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate público abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista pro-independentistas no proporciona base alguna para abrir una causa penal. La APCE respeta plenamente el orden constitucional de España».
En la misma línea, en el punto 8.8 de la resolución, añade que «la Asamblea, finalmente, respeta la independencia de los tribunales españoles para resolver los recursos pendientes y respeta al mismo tiempo la facultad de apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El debate proseguirá en la reunión plenaria de la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa prevista para el 21 de junio.
El Gobierno de coalición del Reino de España considera que todo el informe parte de un «planteamiento erróneo», a saber, la presunción de que los líderes políticos golpistas separatistas fueron procesados por «expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato». Ese prejuicio contamina todo el texto, se refleja en la resolución y en las recomendaciones y merece un reproche general del Gobierno de España.
Junto a este reconocimiento del orden constitucional español y del buen funcionamiento del Estado de derecho en España, la Asamblea considera que las penas impuestas son muy elevadas, recomienda el indulto de los presos golpistas y el abandono de las extradiciones y de los demás procesos abiertos y sugiere que, con independencia de la antijuridicidad de los actos cometidos, la situación «tiene naturaleza política y no se resolverá con el Código Penal, sino a través de una negociación política, dentro del respeto al orden constitucional de España (punto 9.3.6 de la resolución)».
