Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Tribunal Constitucional (TC) se ha lavado las manos este domingo, 4 de junio de 2017 sobre el proceso separatista en Cataluña y ha dicho que es el presidente del PP y de Gobierno de España Mariano Rajoy con el Senado (de mayoría absoluta del PP), según la Constitución Española, quienes deben actuar para proteger a la Soberanía nacional del Reino de España en caso de desobediencia en Cataluña el próximo mes de septiembre o proclamación de separación de Cataluña con respecto al resto de España que prevén CUP, ERC y CDC antes del final del octubre de 2017. Madrid (España), domingo 4 de junio de 2017. Fotografía: En la imagen, la fachada del Tribunal Constitucional del Reino de España. Archivo Efe.
Los jueces de Izquierdas dicen que no lo harán, porque es el trabajo del Gobierno del presidente Mariano Rajoy y de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
Señalan los magistrados del Tribunal Constitucional, que la decisión de suspender al presidente de la Generalidad de Cataluña debería recaer en el Gobierno y el Senado (así lo permite la Constitución Española en su artículo 155), opinan las fuentes del TC consultadas.
TC: El futuro de la Unidad de España está en manos del Gobierno de Rajoy y mayoría absoluta del PP en el Senado
Los magistrados de Izquierdas del Tribunal Constitucional del Reino de España han asegurado hoy, domingo 4 de junio de 2017, durante una conversación con Efe, que, hoy por hoy, sea imposible la suspensión al presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, si incumple las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).
El Tribunal Constitucional afronta con muchas dudas la posibilidad de suspender provisionalmente al presidente de la Generalidad de Cataluña y dirigente de Convergencia (CDC), Carles Puigdemont, para obligarle a cumplir sus sentencias, y no prevé llegar a tomar esa decisión de oficio ni, probablemente, aunque el Gobierno se lo pida.
Las dudas existentes entre magistrados de distinta orientación ideológica -así se lo han manifestado a Efe tres fuentes distintas del TC- no suponen que, hoy por hoy, sea imposible la suspensión al presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, si incumple las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Pero sí implican que, por diferentes motivos, resulte altamente improbable.
El alto tribunal suspendió cautelarmente el pasado mes de abril las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a la celebración del referéndum de autodeterminación en Cataluña para romper la Unidad Nacional d ela patria española.
Aquella resolución apercibía al Gobierno catalán, de manera muy detallada en sus órdenes y prohibiciones, de que debía acatar el fallo.
Es una de las resoluciones del TC que se incumplirían si se convocara el referéndum separatista catalán.
Si el Gobierno catalán del presidente Puigdemont, el también ex alcalde de Gerona, y su principal socio, Oriol Junqueras Vies (ERC) con el apoyo d ela extrema izquierda ‘amarilla’ en Cataluña (CUP) lo hiciera, y ante un incidente de ejecución, el alto tribunal reaccionaría, en primer lugar, anulando el acto administrativo de la convocatoria.
La fiscalía actuaría después por desobediencia.
Más allá de este punto, la decisión de suspender a Puigdemont debería recaer en el Gobierno y el Senado (así lo permite la Constitución en su artículo 155), opinan las fuentes del TC consultadas.
Poner al tribunal en el brete de ser quien adoptara tal medida suscita muchas inquietud entre los magistrados: por ejemplo, no están seguros de cómo responderían las instancias europeas.
Y, sobre todo, se resisten a entrar en el ámbito penal y político.
Además, por un lado, la norma que deberían aplicar, la Ley Orgánica del TC en su versión reformada por el PP en 2015, fue recurrida ante el propio TC y, aunque fue avalada por la mayoría, no suscitó la unanimidad de los magistrados.
Y los fallos frente al separatismo han venido siendo resueltos con el aval de todos los miembros del TC, porque en el seno del Constitucional existe un acuerdo, tácito pero real, de mantener en todo lo posible tal unanimidad en lo referente al problema separatista en Cataluña.
Tras la reciente renovación del alto tribunal, es casi seguro que una posible suspensión a Puigdemont contaría con, al menos, cuatro votos contrarios sobre doce.
Junto a ello, la citada reforma que permite adoptar la suspensión al TC sigue vigente… pero debilitada: el Congreso de los Diputados aprobó en diciembre una proposición de Ley para derogarla.
La tramitación de esa iniciativa lleva seis meses paralizada en la Comisión Constitucional -un plazo, por cierto, extraordinariamente largo.
Pero eso no impide que el texto haya sido desautorizado por el Legislativo.
De este modo, las fuentes del TC consultadas por Efe coinciden en señalar que los magistrados preferirían, llegado el caso, dejar al Gobierno de Rajoy y las fuerzas políticas que lo quieran sostener en el Senado, la posibilidad de llegar a una posible suspensión de Puigdemont o de miembros de su ejecutivo separatista del Gobierno de Juntos Por El Sí (ERC y CDC) con apoyo externo de la batasuna catalana (CUP).
