Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), viernes 4 de febrero de 2022. El delincuente exdirigente de Podemos, Alberto Rodríguez Rodríguez, ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Supremo que le condenó por agredir a patadas a un profesional del Cuerpo nacional de Policía del Reino de España durante una protesta en La Laguna (Tenerife) y que le llevó a perder el acta de parlamentario.
El inhabilitado Rodríguez ha presentado un recurso de amparo, al que ha tenido acceso Efe, ante el tribunal de garantías contra la resolución de Supremo que le condenó por un delito de atentado a agente de la autoridad a una multa de 540 euros y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, de 45 días.
Tras esta condena, la presidente del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado de Unidas Podemos, tal como dijo que le requirió el Supremo.
Se trata de segundo amparo que solicita al TC tras pedir que suspenda de manera cautelar y urgente la decisión de Batet, de retirarle el acta de diputado, porque la considera «injusta e ilegal», y que su recurso de amparo contra esa medida se dilucide en una vista abierta al público.
La sentencia condenatoria del Tribunal Tribunal declaró «probado» que el 25 de enero de 2014 el condenado Alberto Rodríguez Rodríguez atacó a patadaa a un profesional de Cuerpo Nacional de Policía del Reino de España durante una protesta contra la LOMCE con ocasión de la participación del entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, en el acto de reapertura de la catedral de La Laguna (Tenerife), lo que el condenado niega haber cometido. El exdiputado de Podemos montó su emboscada contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto a una turba de individuos visiblemente muy violentos y peligrosos.
Pero Rodríguez considera que el Supremo ha vulnerado su derecho fundamental al juez imparcial, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva por vulneración del principio de legalidad, a los derechos de reunión y manifestación, al derecho de representación política y al principio de proporcionalidad.
A su vez, también entiende infringidos los artículos 6, 7 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
El escrito señala que «el presente asunto trasciende del caso particular, planteando una cuestión jurídica relevante y de repercusión social con carácter general» al tiempo que subraya que la pena accesoria ha resultado «más lesiva» que la principal.
Además, arremete contra los magistrados del Supremo por «el reproche» de la mayoría de los miembros del tribunal acerca de determinadas expresiones «inapropiadas» vertidas por Rodríguez durante el ejercicio del derecho a la última palabra, en el que ‘se observa el prejuicio de la Sala» en contra del exdiputado.
El letrado Gonzalo Boye señala que se le condenó «sin prueba mínima ni suficiente» y «con un testimonio único de cargo», – el del agente- «que no describe suficientemente los hechos y ante la ostensible falta de corroboración objetiva».
Y añade la «arbitrariedad» padecida por Rodríguez que como «activista» ha sido «condenado, sin la más mínima prueba, con el fin de criminalizar la protesta social».
Por todo ello, el exdiputado pide al Constitucional que declare vulnerados varios derechos fundamentales, y decrete la nulidad de la sentencia y las resoluciones dictadas con posterioridad.
