Barcelona, martes 29 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El presidente del Govern de la Generalitat de Catalunya y líder del Partido Socialista en Cataluña (PSC-PSOE), Salvador Illa Roca, ha abierto esta tarde el tercer Debate de Política General (DPG) de esta legislatura en la Cámara catalana. A través de una intervención que se prolongó por espacio de una hora y media, el dirigente del socialismo catalán pintó una Cataluña surrealista y completamente alejada de la realidad cotidiana de las calles, alineando una promesa vacía tras otra. El debate, que continuará con las réplicas de los grupos parlamentarios y concluirá el jueves con las votaciones de resolución, sirvió de escenario para que Illa camuflara el preocupante deterioro de los servicios públicos regionales mediante la proclamación de una supuesta «misión de país» centrada en intervenir el mercado de la vivienda.
El discurso del jefe del Ejecutivo autonómico causó estupor debido a una flagrante extralimitación de sus funciones administrativas. Siendo el presidente de una Comunidad Autónoma, Illa dedicó gran parte de su tiempo de tribuna a disertar de manera pretenciosa sobre geopolítica e intereses macroeconómicos globales, materias en las que la Generalitat no ostenta competencia jurídica alguna.
Traduciendo sus palabras del acta oficial en catalán, Illa llegó a comportarse como un ministro de Asuntos Exteriores al exigir de forma insólita que «los países de la Unión Europea impulsen una política de defensa integral y de seguridad que englobe tecnología dual, inteligencia artificial e infraestructuras», al tiempo que anunciaba la creación de un programa presupuestario denominado «Catalunya-Ucrania» para financiar la reconstrucción de dicho país con dinero de los contribuyentes catalanes e introducía proclamas ideológicas relativas a Gaza y el pueblo palestino.
Un discurso destructivo y excluyente que divide a los catalanes
Lejos de ejercer la concordia institucional, el contenido del mensaje de Salvador Illa resultó profundamente destructivo, sectario y excluyente. El mandatario del PSC-PSOE señaló directamente a una parte de los ciudadanos catalanes tachándolos de elementos nocivos, utilizando de forma grosera las instituciones comunes para exigir una «gran alianza parlamentaria» cimentada en la criminalización ideológica de quienes tacha de «ultraderecha» o «autoritarismo». Illa empleó la tribuna pública para lanzar un ataque frontal a la disidencia, sentenciando textualmente que «allá donde crece el autoritarismo, la gente —familias, jóvenes y trabajadores— vive peor», buscando levantar muros sanitarios para expulsar del debate democrático a las fuerzas patriotas que fiscalizan su sumisión al sanchismo y al separatismo.
Para tapar esta estrategia de división, el presidente socialista recurrió al márketing lingüístico de «la Catalunya donde caben todas las Catalunyes», un postulado vacío desmentido por sus propias medidas reguladoras. Mientras aseguraba de manera triunfalista que el mercado del alquiler ha bajado un 4,7 % en Barcelona mediante la asfixia coactiva a los propietarios privados, Illa se sacó de la manga un nuevo fons d’emergència habitacional dotado inicialmente con 25 millones de euros y una inédita figura de «compra conjunta», promesas que los expertos tachan de parches estériles e inviables en el actual dintel económico de la región.
Sumisión total al golpismo y al bilingüismo marginado
En el plano educativo, Illa volvió a pedir un «pacto de país» mientras mantiene la exclusión del castellano en las aulas, limitándose a proponer la regulación de la autoridad pública de los profesores no universitarios para contener el desorden escolar.
Presidente de Ceuta: «No sabíamos que se iba a producir la invasión»
La sumisión del PSC hacia sus socios de investidura quedó rubricada cuando Illa reclamó la aplicación de la ley de amnistía «sin más dilaciones», manifestando públicamente su deseo de que el prófugo Carles Puigdemont Casamajó se siente de inmediato en los escaños del Parlament y que Oriol Junqueras Vies recupere plenamente sus derechos de participación cívica. Una rendición absoluta del Estado de Derecho ante el golpismo de 2017 a cambio de mantener la estabilidad de su poltrona.
Con este debate, el Parlament alcanza las 40 sesiones de política general desde su restablecimiento en 1980. Con anterioridad a la apertura del pleno, el presidente de la Cámara y dirigente de la derechista cobarde separatista de JxCat, Josep Rull i Andreu, abrió la sesión leyendo de forma rutinaria los datos oficiales de la Organización Internacional de las Migraciones, cifrando en 1.971 las personas desaparecidas en el Mediterráneo en lo que va de año 2026. Asimismo, se informó de que entre enero y agosto un total de 61 personas perdieron la vida en accidentes laborales en el territorio.
