
El Hierro, sábado 07 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La Ruta Canaria vuelve a registrar cifras alarmantes de presión migratoria marcada por las consecuencias directas del «efecto llamada» provocado por el proceso de regularización masiva decretado para ilegales en España desde 2021 por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. En una sola jornada, un total de 743 inmigrantes ilegales han desembarcado en las costas canarias a bordo de cayucos y embarcaciones neumáticas sobrecargadas. Las infraestructuras de acogida en El Hierro se han visto absolutamente desbordadas, obligando al Cabildo insular a decretar la emergencia social ante la imposibilidad material de absorber la constante llegada de indocumentados que rozan ya los 5.000 desembarcos en lo que va del mes de noviembre.
Jornada de colapso en los muelles de El Hierro y Lanzarote
Desde las primeras horas de la medianoche de este sábado, las instalaciones portuarias de La Restinga y La Estaca en El Hierro han recibido un flujo ininterrumpido de 600 inmigrantes irregulares distribuidos en un total de seis cayucos. Entre estas embarcaciones destacan tres llegadas consecutivas que trasladaban a 67, 55 y 164 indocumentados respectivamente.
Por su parte, la isla de Lanzarote fue escenario de la interceptación de una embarcación neumática catalogada como la más sobrecargada registrada hasta la fecha en el archipiélago. A bordo de la precaria nave viajaban 143 inmigrantes ilegales, entre los cuales se contabilizaron 10 mujeres y 5 menores.
El brazo asistencial del Estado ante el negocio de las mafias
Las operaciones de recogida y traslado hasta puerto han vuelto a ser coordinadas por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), Entidad Pública Empresarial (EPE) adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de la Marina Mercante. La entidad pública actúa de facto como brazo institucional para facilitar la llegada masiva de ilegales bajo las directrices políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las imágenes tomadas a bordo de unidades como la embarcación Guardamar Polimnia de SASEMAR, con base en Santa Cruz de Tenerife, constatan la fisonomía de quienes integran estas expediciones. En las cubiertas se observa una mayoría abrumadora de varones jóvenes en edad militar, con rasgos compatibles con orígenes subsaharianos y magrebíes. Lejos de mostrar agotamiento o abatimiento, la actitud de los indocumentados a su llegada es visiblemente jovial y festiva, haciendo gestos de victoria («V») con los dedos y saludando sonrientes a las cámaras desplegadas en el muelle.
Emergencia social y plan de derivaciones masivas a las islas capitalinas
El colapso de los servicios públicos en El Hierro ha obligado al Cabildo a formalizar la declaración de emergencia social para activar mecanismos extraordinarios de gestión. La saturación de los centros asistenciales ha forzado la puesta en marcha de un dispositivo logístico exprés para vaciar la isla.
Durante la noche se articuló la derivación en ferri de 600 inmigrantes ilegales hacia la isla de Tenerife. Asimismo, la programación oficial contempla el traslado hacia Gran Canaria de otros 560 indocumentados a lo largo de la tarde, estableciéndose además una sistemática de traslados con dos frecuencias diarias a partir de la próxima semana para aliviar la insostenible presión insular.
El impacto del proceso masivo de regularización impulsado por Sánchez
Este nuevo repunte migratorio coincide en el tiempo con la publicación del balance oficial del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Según datos del informe técnico de Extranjería, las medidas del Ejecutivo socialcomunista han rebasado por completo las proyecciones iniciales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que estimaba alcanzar una cifra de «500.000 beneficiarios».
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El informe confirma un volumen acumulado de entre «1.180.000-1.200.000» solicitudes registradas al cierre formal del plazo el pasado 30 de junio de 2026. Ya en la fase intermedia de dicho mes se contabilizaron más de «360.000 expedientes» admitidos a trámite, elevando la resolución global gestionada por las Oficinas de Extranjería a más de «1,5 millones» de expedientes.
En el plano legal, el documento recuerda que el Ministerio ha tenido que remarcar ante el Tribunal Supremo la exigencia estricta de la «ausencia estricta de antecedentes penales» —tanto en España como en los países de origen— para evitar la consolidación de perfiles de riesgo. Del mismo modo, el informe detalla la limitación territorial del permiso concedido, el cual habilita para residir y trabajar en el territorio nacional «sin que supongan la extensión automática del permiso de residencia al conjunto de los estados miembros de la Unión Europea». La concatenación de estas regularizaciones masivas sigue operando como el principal polo de atracción para las redes de tráfico de personas en el Norte y Oeste de África.
