Efe – El fiscal Jaime Moreno, unos de los fiscales del ‘Procés’, ha apuntado directamente a Artur Mas que, «en un alarde ante la prensa», dijo: «Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable, que me miren a mi, soy yo y mi gobierno». No solo no paralizaron la convocatoria, ha dicho el fiscal, sino que «se decidió mantenerla e impulsarla» en un «desafío a la legalidad», aún siendo conscientes de la «absoluta, constante y uniforme doctrina del Tribunal Constitucional». Madrid (España) miércoles 7 de noviembre de 2018. Fotografía: MADRID 8ESPAÑA), 07.11.2018. Los magistrados del Tribunal Supremo al inicio de la vista del recurso de casación presentado por Artur Mas contra la sentencia del TSJ de Cataluña, esta mañana en Madrid. Efe.
El abogado de Artur Mas ha defendido hoy en el Supremo que la intervención del expresidente catalán en el 9N no fue igual que la del exconseller Francesc Homs -ya condenado por esta consulta- y ha pedido que le absuelva para demostrar que actúa de forma «ecuánime» sin importar quién sea el imputado.
El alto tribunal ha celebrado una vista para estudiar los recursos del expresidente de la Generalitat, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exconsellera Irene Rigau a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que les condenó a penas de inhabilitación de dos años, año y nueve meses y año y medio, respectivamente, por la consulta del 9 de noviembre de 2014, declarada inconstitucional.
Frente al argumento del abogado de Mas, Xavier Melero, de que el Tribunal Constitucional (TC) no les apercibió expresamente de que estaban incumpliendo la ley al mantener la consulta, el fiscal Jaime Moreno ha asegurado que los tres sabían «perfectamente» que «aquello que habían convocado era una actuación inconstitucional».
«Lo que es formalista es pretender venir a señalar que porque no se hizo un apercibimiento no se puede incurrir en una responsabilidad penal», ha sostenido el representante del ministerio público.
Por ello, Moreno, uno de los fiscales del caso del «procés», ha pedido a la Sala que confirme las condenas dado que, a su juicio, los acusados hicieron una serie de actos «activos y necesarios» para mantener la votación, pese a que el TC había suspendido cautelarmente la consulta.
No solo no paralizaron la convocatoria, ha dicho el fiscal, sino que «se decidió mantenerla e impulsarla» en un «desafío a la legalidad», aún siendo conscientes de la «absoluta, constante y uniforme doctrina del Tribunal Constitucional».
Y ha apuntado directamente a Mas que, «en un alarde ante la prensa», dijo: «Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable, que me miren a mi, soy yo y mi gobierno».
El abogado del expresidente catalán ha admitido que su defendido dudó y no fue el único: «La duda del señor Mas en aquellos días iba acompañada de las dudas de toda una serie de operadores de la máxima cualificación jurídica en la comunidad autónoma de Cataluña».
Además ha subrayado que su caso «no es el mismo que el de Homs» dado que el exconseller de Presidencia hizo «actos ejecutivos» que demuestran que se implicó «de propia mano en el no acatamiento de la providencia del TC» en la que suspendía la consulta.
Consciente de que la condena a Homs puede dificultar un fallo a su favor, el letrado del expresidente ha pedido a la Sala que «recupere su jurisprudencia tradicional» previa a la sentencia de Homs respecto del delito de obediencia pues, a su juicio, la resolución contra el exconseller constituyó un «islote jurisprudencial».
De esta forma, según el letrado, el Supremo demostraría que es «ecuánime» y ofrecería «un servicio impagable y más necesario que nunca» con la absolución de Mas.
Porque, a su juicio, «si la sentencia del TSJC hubiera sido diferente -ha opinado-, las cosas podrían haber sido muchísimo mejores» para los que soportan «pacientemente las derivadas del denominado procés».
También ha pedido su absolución el abogado de la exvicepresidenta Ortega, Rafael Entrena, quien ha defendido que «en todo momento» su actuación «fue públicamente de buscar un encaje legal, de buscar el diálogo y no llamar a la desobediencia y confrontación con los poderes públicos».
El letrado ha apelado al tribunal a no caer en la «tendencia bastante generalizada de meter en un mismo paquete todos los casos vinculados al nacionalismo catalán», cuando, a su juicio se debe distinguir entre «los diferentes momentos en que se producen, la actitud de los intervinientes, las circunstancias sociales y la concreta participación de cada uno de ellos».
Por parte de Rigau, su abogado, Jorge Navarro, ha apelado también al hecho de que el TC no apercibiera a su defendida directamente con un «mandato» de que debía acatar la suspensión y ha criticado, en la línea del letrado de Mas, el cambio jurisprudencial que, respecto al delito de desobediencia, «se produce precisamente en este caso que tiene connotaciones políticas».
