El Gobierno acusa al PP de “abandonar a su suerte a Pedro Sánchez” ante Juicio del Procés

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MADRID (ESPAÑA), 02.11.2018. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Esta ministra 'progrés', departamento de quien es dependiente la llamada 'Abogacía del Estado', ha negado hoy que el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez haya presionado o impuesto un criterio —a favor del independentismo a cambio del apoyo independentista a los presupuestos generales del estado para salvar así la silla del presidente Pedro Sánchez— a sus abogados de la Abogacía del Estado para que no acusen a los líderes del 'Procés' de un delito de rebelión como lo ha hecho hoy la Fiscalía general del Estado; un Ministerio Público del Pueblo español que incluso ha agravado la calificación de la magistrada instructora del Caso Procés en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, del delito de sedición al delito de rebelión contra la cúpula de los Mozos de Escuadra del delincuente Josep Lluís Trapero. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Juicio del ‘Procés’; desafío independentista en Cataluña. El Gobierno le presidente Pedro Sánchez niega “gestos” del ejecutivo socialista a los independentistas con la inexistencia del delito de rebelión en el escrito de los abogados del Gobierno del presidente Pedro Sánchez contra los acusados del ‘Procés’. Además, el Ejecutivo de Sánchez defiende que sus abogados de Abogacía del Estado actúan con “profesionalidad”, dice el Gobierno de Sánchez que se ha quedado solo hoy, después de que la Fiscalía, incluso, haya agravado la calificación del delito de la juez instructora de la Audiencia Nacional, Carme Lamela, del delito sedición del que fueron procesados los jefes de los Mozos de Escuadra al también un delito de rebelión ahora contra la cúpula de los Mozos de Escuadra y su máximo entonces jefe, “la pieza clave” en el golpismo en Cataluña —según los fiscales del Ministerio Público español en su escrito ante el Tribunal del Procés—, Josep Lluís Trapero. Madrid (España), viernes 2 de noviembre de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 02.11.2018. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Esta ministra ‘progrés’, departamento de quien es dependiente la llamada ‘Abogacía del Estado’, ha negado hoy que el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez haya presionado o impuesto un criterio —a favor del independentismo a cambio del apoyo independentista a los presupuestos generales del estado para salvar así la silla del presidente Pedro Sánchez— a sus abogados de la Abogacía del Estado para que no acusen a los líderes del ‘Procés’ de un delito de rebelión como lo ha hecho hoy la Fiscalía general del Estado; un Ministerio Público del Pueblo español que incluso ha agravado la calificación de la magistrada instructora del Caso Procés en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, del delito de sedición al delito de rebelión contra la cúpula de los Mozos de Escuadra del delincuente Josep Lluís Trapero. Efe

La Abogacía del presidente Pedro Sánchez dice que solo ve en los hechos acaecidos en Cataluña, los meses de septiembre de 2017 y octubre de 2017, un delito de sedición, no uno delito de rebelión como ha visto la Fiscalía y probablemente como alegará el próximo lunes la Acusación Popular, ejercida por el partido ‘verde’ de España, VOX de Santiago Abascal Conde.

Así el Ejecutivo de Sánchez niega que se le haya impuesto el criterio a sus abogados de la institución del Estado dependiente directamente del Ejecutivo de Sánchez: Abogacía del Estado, para que el independentismo apoye los presupuestos del Ejecutivo de Sánchez y salve así la silla del líder ‘progrés’, y cree que su postura no socava la posición del Ministerio Fiscal del pueblo español.

El Gobierno del presidente Sánchez niega cambios de criterio en la Causa ‘Procés’ o imposición a los abogados del Estado para que borren el delito de rebelión en el escrito de la Abogacía del Ejecutivo de Sánchez

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han negado hoy que el Gobierno haya cambiado de criterio en la causa contra los líderes del procés o que haya habido alguna imposición a la Abogacía General del Estado para que no les acuse del delito de rebelión.

Así lo han asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que Calvo ha sido preguntada por una entrevista al ahora presidente, Pedro Sánchez, el pasado mes de mayo en la que afirmó que creía que había existido un delito de rebelión.

Calvo ha precisado que esas declaraciones fueron en mayo, es decir, antes de que Sánchez llegara a la Presidencia, y ha respondido: “Nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno” y “como Gobierno vamos a respetar el punto en el que entra este proceso” y la independencia judicial.

MADRID (ESPAÑA), 02.11.2018. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (i), y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Esta ministra ‘progrés’, departamento de quien es dependiente la llamada ‘Abogacía del Estado’, ha negado hoy que el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez haya presionado o impuesto un criterio —a favor del independentismo a cambio del apoyo independentista a los presupuestos generales del estado para salvar así la silla del presidente Pedro Sánchez— a sus abogados de la Abogacía del Estado para que no acusen a los líderes del ‘Procés’ de un delito de rebelión como lo ha hecho hoy la Fiscalía general del Estado; un Ministerio Público del Pueblo español que incluso ha agravado la calificación de la magistrada instructora del Caso Procés en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, del delito de sedición al delito de rebelión contra la cúpula de los Mozos de Escuadra del delincuente Josep Lluís Trapero. Efe

La vicepresidenta ha insistido en que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado es la primera vez que califican los hechos ocurridos el 1-O en Cataluña, mientras que la ministra de Justicia ha negado que haya existido “una imposición” a los servicios jurídicos del Estado, que se han limitado -ha dicho- a elaborar su escrito de conclusiones provisionales con base jurídica.

Calvo ha añadido que la diferencia entre el criterio de la Fiscalía, que acusa del delito de rebelión a los líderes del procés, y el de la Abogacía -que sólo aprecia sedición, malversación de caudales y desobediencia grave- “no socava la posición de nadie” y “son dos posiciones perfectamente defendibles de unos y otros”.

También Delgado ha negado cambios de posición y ha justificado que el escrito de la Abogacía lo firme únicamente la abogada general, Consuelo Castro, y no otros abogados de los servicios jurídicos que han trabajado en este procedimiento.

Ha explicado que ha sido así porque se trata de una causa “de relevancia extraordinaria”, en la que la abogada general del Estado, ha asumido el escrito de conclusiones provisionales.

Al igual que Calvo, la titular de Justicia ha hecho hincapié en que esta es la primera ocasión en la que la Abogacía se pronuncia sobre el contenido de la causa, ya que el pasado mes de agosto lo único que hizo fue asumir el auto judicial que concluía la instrucción y que recogía “determinados delitos”, entre ellos el de rebelión.

Pero, según Delgado, lo que asumió en ese momento la Abogacía del Estado fue el auto como “conclusión de la investigación”.

La vicepresidenta, además, ha subrayado la importancia de mantener un “escrupuloso respeto” a la fase judicial en la que entra el proceso, donde finalmente a quién le tocará decidir será al juez en una sentencia.

Y en este sentido, ha criticado que otros partidos como PP y Cs se hayan atrevido incluso a “calificar delitos” y remitir la “imaginación” a “espacios lejanos en el tiempo” que pueden entorpecer y leerse como presiones a la Justicia que impiden trabajar con independencia y profesionalidad.

Carmen Calvo también se ha referido a la proposición no de ley que ha presentado Ciudadanos para evitar que el Gobierno pueda indultar a los presos del procés.

Ha recordado al líder de Cs, Albert Rivera, que el indulto es una figura constitucional que no implica perdón del delito y que si se pretende reformar la Constitución en ese punto “no es cosa menor” y habrá que hacerlo abordando un debate serio más allá del que plantea el partido naranja, sobre todo en este momento político y ante la mayor crisis institucional que se ha vivido en relación a Cataluña.

Cs “sobreactúa” y hace este tipo de propuestas de forma “precipitada”, ha dicho la vicepresidenta, tras asegurar que la única reforma del Código Penal de la que ha hablado el Ejecutivo en la última semana es para evitar la prescripción de los delitos contra la integridad sexual de los menores.

Calvo ha pedido “lealtad” y responsabilidad al resto de partidos para resolver esta crisis en Cataluña.

“Unos harán política por sus propios intereses, el Gobierno permanecerá defendiendo el interés del Estado y el marco constitucional”, ha enfatizado.

Igualmente, ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez haya recibido esta “tremenda herencia” del anterior Gobierno del PP, al que ha acusado de “abandonar a su suerte” los cauces políticos.

Calvo no ha querido hacer ningún pronóstico de cómo puede concluir esta crisis institucional y ha reiterado que el único objetivo del Gobierno es resolverla con criterios “democráticos”, escrupuloso respeto a la Justicia y trabajo en un espacio de coordinación, diálogo y lealtad con todos los actores en Cataluña.

 

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