Ceuta (España), lunes 3 de agosto de 2026 (Efe).-El Gobierno ha asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no emitió ningún informe que advirtiera de la magnitud de la crisis migratoria registrada en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, una afirmación que el Partido Popular pone en duda y que ha intensificado el enfrentamiento político entre el Ejecutivo y la oposición.
La controversia se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitara el pasado sábado una reunión urgente de los ministros de Interior de la Unión Europea para abordar la situación, una petición que será atendida esta semana y que ha recibido el respaldo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien elogió la respuesta «eficaz y eficiente» de España y Marruecos ante la crisis.
Desde el Ejecutivo destacan ese reconocimiento europeo y defienden la gestión realizada para hacer frente a una llegada masiva de migrantes que ha centrado la atención política y diplomática de los últimos días.
Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado que los servicios de inteligencia españoles desconocieran una movilización de tal envergadura. En una entrevista en Telecinco, afirmó que no cree que «una masa de 60.000 o 70.000 personas haya pasado desapercibida», poniendo en duda la ausencia de información previa.
Ante estas declaraciones, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, negó de forma rotunda la existencia de informes del CNI que alertaran de una entrada masiva de migrantes desde Marruecos y defendió la actuación coordinada de las administraciones españolas.
Guerra de cifras sobre los inmigrantes que continúan en Ceuta
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, evitó pronunciarse sobre la posible existencia de comunicaciones entre el CNI y el Ministerio del Interior. En cambio, destacó el «trabajo excepcional» desarrollado por los profesionales del Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil, rechazando alimentar el debate sobre su actuación.
El Gobierno ha insistido además en que la colaboración de Marruecos resultó decisiva para controlar la situación. Elma Saiz aseguró que sin esa cooperación no habría sido posible responder con la rapidez necesaria para recuperar la normalidad en la frontera.
En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó la implicación de Rabat desde el inicio de la crisis y afirmó que, gracias a esa colaboración, «va a regresar a Marruecos hasta la última persona» que entró de forma irregular en España.
Albares defendió la fiabilidad de Marruecos como socio y atribuyó parte de la repercusión de la crisis a «una sincronización de la internacional reaccionaria», que, según sostuvo, difundió «mentiras y falsas noticias» sobre la situación en la frontera y el espacio Schengen.
No obstante, Margarita Robles reclamó a las autoridades marroquíes que investiguen lo sucedido y determinen quién estuvo detrás de la organización de los movimientos de personas a través de las redes sociales, exigiendo que quienes lo hayan permitido o tolerado asuman responsabilidades. Asimismo, criticó el uso de menores y otras personas vulnerables, a quienes, según afirmó, se les empujó hacia una situación de grave riesgo mediante engaños.
Mientras tanto, el PP ha intensificado su ofensiva parlamentaria. El secretario general del partido, Miguel Tellado, responsabilizó directamente a Pedro Sánchez de la «gran invasión» sufrida por Ceuta y censuró que el presidente se encuentre de vacaciones durante la crisis. Además, exigió aclarar qué falló en la cooperación con Marruecos y anunció una batería de iniciativas en el Congreso y el Senado para exigir explicaciones al Gobierno.
Los populares también reclaman la tramitación urgente de su propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, registrada el pasado mes de julio.
Por su parte, Vox ha sostenido que Ceuta y Melilla continúan «igual de vendidas ante Marruecos», mientras que el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido que el Gobierno llame a consultas a la embajadora marroquí para analizar la situación.