Efe.- Barcelona (España), lunes 24 de enero de 2022. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha avisado este lunes al Gobierno de la Generalidad de Cataluña que la sentencia que impone un 25 % de clases en castellano en las escuelas catalanas debe cumplirse, pero ha evitado pronunciarse sobre si el Gobierno solicitará su ejecución forzosa.
«Estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho se respeta la ley, se respeta la Constitución y se respetan las sentencias, las sentencias tienen que cumplirse», ha enfatizado Llop en una rueda de prensa en el Departamento de Justicia de la Generalitat posterior al primer encuentro entre la ministra y la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, que han comparecido juntas.
Preguntada por si el Gobierno pedirá la ejecución forzosa de la sentencia, que ordena a la Generalitat garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias de las escuelas de Cataluña, Llop ha recordado que el ejecutivo catalán tiene dos meses para darle cumplimiento y no ha dado detalles sobre las posibles acciones futuras del Gobierno.
«No puedo adelantar ni puedo hacer un comentario sobre escenarios que todavía no se han producido», ha remarcado la ministra.
En la misma intervención, Llop ha subrayado que el Gobierno «está comprometido» y «es muy sensible a las cuestiones de las lenguas oficiales».
«En ningún ámbito las lenguas pueden entenderse como un elemento para enfrentar, las lenguas tienen que ser un elemento de la cultura de los distintos territorios y de la cultura del país», ha añadido.
Sin embargo, durante la misma rueda de prensa, la consellera Ciuró ha aseverado que «no tiene ningún tipo de sentido» que se impongan porcentajes en las lenguas, y ha defendido que la inmersión lingüística en Cataluña «es un modelo de éxito que garantiza la competencia de los alumnos en ambas lenguas».
Durante el encuentro entre ambas titulares de Justicia también se han abordado cuestiones como el uso del catalán en la judicatura, la reforma de los delitos de sedición y rebelión, reclamaciones del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en el ámbito de la financiación o la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña.
