Madrid (España), sábado 20 de junio de 2026 (Efe).- CASO BEGOÑA | La decisión del juez Juan Carlos Peinado García de retirar el pasaporte a María Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez), mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y enviarla a juicio constata la «persecución, la obsesión y la desproporción» de este magistrado, según han informado a Efe fuentes del Palacio de la Moncloa.
Las fuentes consultadas por Efe han asegurado que la instrucción del juez Peinado «carece de todo sentido jurídico» y sólo atiende a «motivos políticos».
En un auto difundido este sábado, Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado.
Las acusaciones a la Policía Nacional
Además, desde el Palacio de la Moncloa resaltan las palabras del juez Peinado en su auto referidas a los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que acompañan y escoltan a Begoña Gómez.
Peinado dice en su auto que «lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Según fuentes de Moncloa, estas palabras del juez Peinado acusando a la Policía Nacional y diciendo que los agentes podrían colaborar en una supuesta fuga son «otro ejemplo del despropósito» en el que ha caído este magistrado.
El contraste con la decisión sobre Zapatero
Por último, las fuentes del Gobierno consultadas por Efe han recordado que el juez Calama, que instruye la causa de Plus Ultra, consideró injustificado e innecesario imponer al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero medidas restrictivas como la retirada del pasaporte o comparecencias en el juzgado por tratarse de una persona «de pública notoriedad».
Calama descartó medidas cautelares contra Rodríguez Zapatero porque «su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad».