Madrid, martes 10 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- El Gobierno de coalición de socialistas y comunistas ha abierto un nuevo frente de intervención sobre las plataformas digitales al solicitar este martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice de forma excepcional la actividad de TikTok en España, una maniobra política que carece de sustento competencial directo al recaer la regulación de las grandes redes sociales en exclusiva sobre la Comisión Europea.
La iniciativa parte del Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por la dirigente comunista Sira Rego, quien tras mantener un encuentro con representantes de la red social admitió ante los medios de comunicación las propias limitaciones legales de su exigencia. «No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros estaría suspendido desde ayer», afirmó la ministra, evidenciando el carácter propagandístico de una medida que el Ejecutivo no puede ejecutar por sí mismo.
Pese a reconocer esa falta de potestad, Rego insistió en que su departamento actuará con contundencia tras conocerse un informe elaborado por la fundación Maldita.es, organización dedicada a la verificación informativa. «Vamos a ir con todo», advirtió la titular de Juventud e Infancia al reprochar a la compañía tecnológica que no presentara durante la reunión compromisos para realizar una auditoría o implantar nuevos mecanismos de verificación.
Un cierre unilateral inviable bajo la normativa europea
El planteamiento del Ejecutivo español topa frontalmente con el marco jurídico comunitario vigente. En virtud del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, la supervisión y eventual sanción de las denominadas plataformas digitales de muy gran tamaño —categoría en la que se encuadra TikTok— corresponde de manera exclusiva a la Comisión Europea, en coordinación con el Estado miembro donde la empresa tiene establecida su sede europea, que en este caso es Irlanda.
De igual modo, la Agencia Española de Protección de Datos carece de atribuciones ordinarias para decretar el bloqueo integral de una red social en todo el territorio nacional. El organismo regulador español puede imponer multas o restringir tratamientos concretos de datos personales, pero la clausura completa de un servicio de comunicación utilizado por millones de españoles exige una orden judicial motivada y superar un estricto control de proporcionalidad respecto a los derechos fundamentales de información y expresión.
El informe de Maldita.es y el cruce de reproches con la plataforma
El detonante esgrimido por el Ministerio de Juventud e Infancia es una investigación de Maldita.es que asegura haber localizado más de 1.000 vídeos con material de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de visualizaciones acumuladas, además de más de 20.000 perfiles de supuestos pedófilos, de los cuales más de 7.000 operarían en español. Con estos datos sobre la mesa, el departamento de Rego ya había acudido el lunes a la Fiscalía para reclamar su intervención.
Sin embargo, la propia compañía tecnológica ha cuestionado la operativa de la denuncia al señalar que la fundación promotora del estudio no le ha entregado la relación de contenidos detectados. Según expuso TikTok el pasado lunes, «su negativa» a compartir el material recopilado les está «impidiendo activamente localizar y eliminar» los vídeos y cuentas señalados, abriendo un debate sobre la eficacia real de la presión política frente a los protocolos técnicos de retirada inmediata de contenidos ilícitos.
Intervencionismo digital bajo el pretexto de la protección del menor
Durante su comparecencia, Sira Rego reclamó a la plataforma la retirada inmediata de todos los perfiles denunciados, la conservación de pruebas para la Fiscalía, una revisión humana especializada de las denuncias y la intervención directa sobre su algoritmo de recomendación, al sostener que basta con introducir determinadas palabras en el buscador para acceder a contenidos de violencia sexual contra menores.
La ministra comparó la situación con la clausura preventiva de un local físico donde se cometen delitos y defendió el bloqueo temporal de la aplicación en España hasta garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria. «Ningún modelo de negocio puede estar por encima de los derechos de la infancia y de la adolescencia», sentenció Rego, en una ofensiva que se suma a las recientes iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez para incrementar el control estatal sobre el ecosistema digital y los medios de comunicación en España.