Lasvocesdelpueblo y rtve – Para que esto sea posible, tras la rectificación del Tribunal Supremo del pasado martes, 6 de noviembre de 2018, que obligaba al pueblo español a pagar este impuesto al banco, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha modificado el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estableciendo que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria se va a considerar «sujeto pasivo al prestamista». Además, el Ejecutivo ha cerrado la posibilidad a la banca de deducirse el pago del tributo cambiando el artículo 15 de la ley del impuesto de Sociedades. Madrid (España), jueves 8 de noviembre de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 08.11.2018. La ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero; la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá; y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, i-d., durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrada hoy en el Palacio de La Moncloa. Efe
El Gobierno ha aprobado este jueves el Real Decreto-ley por el que obliga a los bancos a asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a una hipoteca, medida anunciada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De esta forma -y a partir del próximo sábado 10 de noviembre- el tributo ya no tendrán que abonarlo los clientes, como ocurre ahora.
El Ejecutivo central ha movido ficha tras la actuación del Tribunal Supremo.
El pasado martes, 6 de noviembre de 2018, el Alto Tribunal estableció que fueran los consumidores los que pagaran el AJD, con lo que rectificaba lo expuesto en una sentencia firme apenas tres semanas antes: que era la banca la que debía hacerse cargo del tributo.
Esto «generó una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el mercado hipotecario», ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que la medida busca «garantizar la seguridad jurídica».
«Lamentamos el cambio de criterio producido esta semana por parte del Tribunal Supremo en la controvertida sentencia», ha dicho Montero, para quien el decreto aprobado por el Ejecutivo central tiene como «único» objetivo «que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos».
Para que esto sea posible, el Gobierno ha modificado el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estableciendo que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria se va a considerar «sujeto pasivo al prestamista».
Además, el Ejecutivo ha cerrado la posibilidad a la banca de deducirse el pago del tributo cambiando el artículo 15 de la ley del impuesto de Sociedades.
En paralelo a estas medidas, y como también anunciara Sánchez, el Ministerio de Economía está trabajando en la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes, organismo que estará listo en las próximas semanas y que velará para prevenir que las entidades financieras puedan trasladar a las hipotecas el coste del pago del impuesto o que se introduzcan «cláusulas abusivas» al respecto.
En este punto, la ministra de Hacienda ha rechazado el «mantra» de que cada vez que se introducen impuestos para las empresas se hable de repercusión de costes y de que «o paga el ciudadano o paga el ciudadano».
«Este Gobierno no cree en esa afirmación, las entidades financieras son responsables y hay competencia a la hora de ofrecer hipotecas», ha indicado la ministra, tal y como recoge Europa Press.
Montero ha sido cuestionada por el hecho de que algunas regiones gobernadas por el PSOE -como Andalucía- no han bajado o suprimido antes un impuesto «que algunos califican de abusivo» y que ahora ha provocado la actuación del Gobierno.
La ministra ha subrayado que el AJD está cedido a las comunidades autonómas y que aporta «en torno a unos 2.000 millones de euros» a las arcas públicas.
Además ha señalado que las que tienen «peor financiación per cápita» se ven obligadas a realizar un mayor uso de los intrumentos tributarios a su alcance para mantener el gasto social.
Por eso ha defendido que no se suprima el gravamen -tal y como propone el PP- asegurando que «la eliminación [del AJD] supondría unos 2.000 millones de euros menos para sanidad, educación y dependencia».
En este punto, Montero ha preguntado «a quienes abogan por su supresión» si también están «por el deterioro del Estado del Bienestar» o sin proponen «un instrumento alternativo de financiación» que pueda mantener esos servicios sociales.
